Xunta y Ministerio ordenan a Jácome devolver a su puesto a la tesorera cesada por «tiquismiquis»
OURENSE
Un informe concluye que la funcionaria, que ahora estaba sustituyendo al interventor, también cesado, debe ser restituida
26 abr 2024 . Actualizado a las 21:23 h.Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, cesó a la tesorera del Ayuntamiento al considerar que obstaculizaba su gestión por ser «demasiado tiquismiquis». La reubicó como viceinterventora y esa decisión ha merecido el reproche tanto de la Xunta como del Estado, que ordenan al Concello que la funcionaria vuelva a su puesto.
Tras tener conocimiento del nombramiento, la Dirección Xeral de Administración Local solicitó un informe al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, ya que la trabajadora afectada, María Belén Rodríguez Tourón, es una funcionaria de habilitación nacional. Su dictamen concluye que el cese como tesorera se acordó sin que la Administración del Estado hubiese informado al respecto. Aunque tampoco respalda el nombramiento como viceinterventora, ese es el principal motivo de reproche: «En tanto en cuanto no exista el informe preceptivo y previo mencionado, la funcionaria de habilitación nacional continuará prestando funciones en su puesto definitivo de carácter obligatorio, la tesorería del Ayuntamiento de Ourense».
Tras recibir ese dictamen, la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta —que también tiene competencias en la materia— acaba de remitir al Concello ourensano un escrito en el que le reclama que proceda a «regularizar» la situación de la trabajadora «conforme aos criterios establecidos na orde ministerial». Eso implicaría que vuelva a su puesto como tesorera.
Aplicar esa orden puede generar problemas añadidos al Ayuntamiento puesto que Jácome también cesó al interventor y, como viceinterventora, Rodríguez Tourón ha asumido temporalmente sus funciones. Así pues, si vuelve a la Tesorería, la Intervención quedará descabezada, toda vez que el funcionario que se ocupaba de esa tarea ha sido reubicado como jefe del servicio de Gestión Tributaria.
Cabe recordar que el cese el interventor, Gonzalo Alonso Álvarez, se ejecutó pese a existir también un informe en contra el Ministerio de Función Pública. El alcalde argumentó su decisión en que era «negligente», que actuaba con «mala fe» o que trataba de «bombardear» su gestión con una lawfare, o guerra jurídica. El funcionario denunció a Jácome por acoso y el juicio, pendiente de sentencia, se celebró el pasado día 17. Alonso reclama una indemnización de 150.000 euros por el «hostigamiento continuo, sistemático y persistente» que asegura haber sufrido.
En las alegaciones que el interventor presentó contra su cese alertaba de supuestas irregularidades contables cometidas por el gobierno de Jácome, al igual que la tesorera. Ambos negaron las actitudes obstruccionistas que les imputaba el alcalde y defendieron su función de fiscalización de economía local. «El señor alcalde me imputa la falta de pago porque me califica de tiquismiquis, olvidando que se contrató sin crédito suficiente para la anualidad del 2023», decía Rodríguez Tourón, que hablaba de una «situación disfuncional, altamente perjudicial para la gestión económica municipal».