La conselleira de Política Territorial, María José Caride, afirmó ayer en el Parlamento gallego que la situación urbanística de Viveiro «é unha herdanza» de los anteriores gobiernos del PP, tanto en la Xunta como en el Concello.
Caride, que intervino a instancia de una interpelación del PP sobre el urbanismo de la ciudad del Landro, defendió la actuación de su departamento, afirmando que actuó, «con celeridade e dilixencia» abriendo un expediente informativo el 29 de enero, «o mesmo día» en que la consellería recibe la denuncia formulada por César Aja, en nombre del grupo municipal del PP, sobre la existencia de once licencias con irregularidades, a las que se sumaron posteriormente, 13 más.
La conselleira siguió relatando el proceso seguido hasta este momento por su departamento, señalando que se solicitó al Concello de Viveiro, este la remitió completa el 16 de abril, fue examinada por la Dirección Xeral de urbanismo, y a continuación abrió cinco expediente de reposición de la legalidade urbanística a otros tantos chalés situados en Area, que ahora están en fase de alegación; y remitió otros dos expedientes a la Dirección Xeral de Patrimonio, al contar con informes desfavorables de este departamento de la Consellería de Cultura.
«O que atopa o goberno municipal de Viveiro -se refiere a la entrada del gobierno bipartito PSOE-BNG en el 2003- é a desfeita que vostedes deixaron. No resto de solicitudes comprobouse que remataron os plazos para que teña efecto o silencio administrativo, e que as obras polo tanto, tiñan amparo nas normas vixentes no momento do fin de prazo para o seu otorgamento», señaló Caride.
«Cambalache no pleno»
La gestión del gobierno municipal de César Aja volvió a ponerla en entredicho la conselleira cuando afirmó que los cinco chalés de Area, «pagan o pato de aquel cambalache que fixeron no ano 97 cando aprobaron no pleno do concello a adaptación á lei galega e o que fixeron foi decir que habían unhos núcleos rurais que se lle habían esquecido. ¿Cómo que se lle habían esquecido? ¿Qué fixeron dando licencias desde o ano 1997 ata o 2003 nuns núcleos dos que non aparecía o seu regulamento por ningún lado?».
Patente de corso
En sus dos intervenciones, el parlamentario del PP José Manuel Balseiro acusó a la Xunta de «non facer nada para repoñer a legalidad no Concello de Viveiro», aseverando que el gobierno socialista viveirense «ten patente de corso». Balseiro presentó a la Cámara desde la tribuna de oradores fotografías de algunas de las obras denunciadas, entre ellas las de Area -de las que dijo que siguen en ejecución, cuestionando la actuación de los servicios de inspección urbanística de la Xunta-, y las de la iglesia de Covas.
El parlamentario del PP acusó al gobierno de Viveiro de interpretar la normativa urbanística «á sua conveniencia, sempre en detrimento dun desenvolvemento ordenado e sustentable, e sempre en contradición cos intereses dos veciños de Viveiro».
Por su parte, el parlamentario del BNG, Manuel Parga, acusó a Balseiro de utilizar la interpelación y el resto de las iniciativas del PP para «tapar a súa nefasta xestión». El político nacionalista recordó que las únicas sentencias que existen en Viveiro por irregularidades urbanísticas provienen de actuaciones del PP, aludiendo a la de Lodeiro que afecta a 118 familias, y a la del edificio Grallal, que le supuso al Concello , según Parga, una sanción de 20.000 euros.