El viveirense César Aja ha enviado una carta a los presidentes de las comunidades de vecinos de los tres edificios de Lodeiro afectados por la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La misiva del senador del PP comienza así: «Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle, a tenor de los hechos y siendo lo más aséptico y objetivo posible, de las consecuencias que puede acarrear la falta de adopción de medidas cautelares previas a una posible resolución del Tribunal Supremo (TS) que afecta a sus propiedades».
«Trato de informarles de cómo han sucedido estos hechos y anticiparme a las posteriores y previsibles manipulaciones políticas e informativas que, a buen seguro, pueden sobrevenir si se produce la confirmación de la anulación de licencias de obra, según sentencia de 30 de octubre del 2003 del TSXG, recurrida en casación ante el TS, y el efecto que puede acarrear la desestimación de tal recurso, al haberse procedido por la Xunta de Galicia a la anulación de la normativa urbanística de Viveiro, el 23 de marzo de 2006», reza.
Relación de inmuebles
«Tras los informes técnicos y jurídicos favorables, la comisión de gobierno otorga licencias de obra el 17 de junio de 1996 (modificada en comisión de 10 de noviembre de 1997), que afectan a los inmuebles: planta baja y entreplanta C/Lodeiro, 10 y 12; plantas sótano de la avenida Benito Galcerán 11 y 13; planta baja, cinco alturas y ático para 14 viviendas en avenida Benito Galcerán 11», prosigue. Y abunda: «Asimismo el 9 de agosto de 1999 se otorgan, en iguales condiciones técnicas y jurídicas, las licencias para: bajo y entreplanta calle Lodeiro 14 y 16; plantas sótano, planta baja y viviendas de avenida Benito Galcerán 15 y 17. Tras demanda de un particular, el TSXG anuló las licencias que afectan a las dependencias mencionadas».
«Si a día de hoy estuviese aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Concello de Viveiro, con independencia de la sentencia del TSXG y la de su posterior recurso, esta situación quedaría regularizada, legalizada y por tanto, resuelta, pues tales edificios, con la actual edificabilidad, estaban contemplados en el plan», continúa.
El escrito sigue así: «El 25 de septiembre de 2003 en pleno del Concello de Viveiro (presidido por el señor Roel) se anula y se deja sin efecto el PGOU, que se encontraba en su fase final de tramitación. Tras el conocimiento de la sentencia del TSXG la solución para regularizar la situación pasaba por el recurso ante el TS y, en previsión de su posible desestimación, la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en la línea recogida en el PGOU anulado».
«Es oportuno recordar -añade el senador del PP- que, desde que se conoció la sentencia del TSXG, y a pesar de la grave consecuencia que tenía para los propietarios, el señor Roel, incomprensiblemente, tardó un tiempo significativo en encargar la modificación puntual de la normativa a la correspondiente ingeniería».
Modificación de las Normas
«Finalmente, el 27 de mayo de 2004 (ocho meses después de la derogación de la tramitación del PGOU), el pleno aprueba la mencionada modificación puntual con el informe positivo de Urbanismo de la Xunta (organismo ante el cual, debo señalar, personalmente hice las correspondientes y eficaces gestiones). Dicha modificación aparece publicada y aprobada definitivamente por la Xunta, en el DOG del 1 de septiembre de 2004», agrega.
«En ese momento, e independientemente del resultado del recurso de casación ante el TS, quedarían legalizadas las edificaciones en cuestión, con la concesión de una nueva licencia municipal por la junta local de gobierno, en base a la normativa vigente a partir del 1 de septiembre de 2004. Para la concesión de dichas licencias, la alcaldía podría instar al promotor de las edificaciones a solicitar una nueva licencia de obra, tal y como permiten las distintas leyes del suelo. Sin embargo, continuando la sucesión de dejaciones, dicha instancia no se produce y, por tanto, la situación continuó sin resolverse».
«Inexperiencia del alcalde»
«Tal expediente de legalización debería ser previsto por la autoridad municipal, al establecerse en la legislación urbanística tal posibilidad, y para evitar que la obra carezca de la preceptiva licencia, como puede llegar a ocurrir. Desgraciadamente -continúa-, la obligación urbanística y complemento necesario para la legalización de los edificios señalada en el párrafo anterior, sin perjuicio de criterio mejor fundado, hoy ya no podría cumplirse, pues el 23 de marzo de 2006 surgió una nueva situación, provocada por la inexperiencia y actitud irresponsable del alcalde señor Roel. Éste envía una carta al director general de Urbanismo, publicada después en El Heraldo de Vivero que, independientemente de su inveraz contenido e improcedencia práctica, como acredita su resultado, provocó la anulación de casi la totalidad de la normativa municipal existente, dando lugar a unas nuevas y restrictivas normas provisionales».
Normativa anulada
«Como resultado de esto, el 23 de marzo de 2006 también queda anulada por la Xunta la modificación puntual de las Normas Subsidiarias aprobada el 27 de mayo de 2004 en pleno. Esto es, queda anulada nuevamente a instancias del señor Roel la normativa que acogía la legalidad de las viviendas y locales, cercenando por tanto los intereses de los propietarios», afirma.
«Por otra parte y a pesar de las múltiples promesas del señor Roel sobre la inminente aprobación del PGOU y aún conociendo que, desde el 23 de marzo de 2006, el Concello se encuentra en una situación de gran incertidumbre normativa y, por tanto, del riesgo que puede suponer una sentencia desfavorable del TS, no ha iniciado a día de hoy los más mínimos trabajos para la elaboración del PGOU. Llegando incluso al extremo de no hacer uso de las subvenciones, una vez más una total torpeza por parte de quien tenía y tiene la obligación de proveernos de un marco normativo y legal estable para evitar repercusiones negativas para los intereses de los propietarios», dice.
«Éste es el motivo por el que me dirijo a usted, con la sana intención de, en lo posible, evitar situaciones confusas y exponerle una breve pero rigurosa descripción de los hechos, sea cual sea el resultado del recurso de casación, dado que al final se suelen tergiversar las actuaciones ajenas y, como siempre, se tratará de eludir responsabilidades echando la culpa a otros, a pesar de llevar casi cinco años en el gobierno municipal. Agradeciendo que me haya dedicado unos minutos, estoy enteramente a su disposición y a la de sus vecinos para cualquier aclaración o aportación documental. En Viveiro, a 5 de enero de 2008. Fdo. César Aja Mariño».