El presidente del PP y ex alcalde de Viveiro, César Aja, anunció ayer que presentará una tercera denuncia en el juzgado contra licencias otorgadas por el equipo de gobierno de Melchor Roel. El político popular hizo el anuncio en una comparecencia en la que aclaró «para evitar dudas, porque no es todo Lodeiro» la situación de los edificios sobre los que pende una sentencia de demolición a la espera de la resolución que adopte el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el bipartito.
Por primera vez hay una coincidencia entre el gobierno local y los populares: Una parte de los edificios estarían dentro del marco de la nueva normativa urbanística provisional decretada por la Xunta y, en principio, «aunque en función de la interpretación de los técnicos», no resultarían afectados si el Supremo confirma la sentencia de derribo.
Según explicó Aja, de los edificios que construyó la empresa Mareber S.L en la calle Lodeiro, los edificios con los números 10, 12, 14 y 16, están afectados el bajo y la entreplanta, «e independientemente de la sentencia, no existe problema para legalizar, por tanto, no son ilegales». En la calle Benito Galcerán, el número 11 estaría afectado en su totalidad, al igual que el 15 y el 17; del número 13 solo los sótanos. La clave, las medianeras.
A César Aja las explicaciones de Roel en la reunión con los vecinos el pasado sábado no le parecieron «ni bien ni mal», pero sí subrayó que para un conflicto como el que afecta a estos edificios de Lodeiro «no existen soluciones políticas, es un problema judicial al que se responde con medidas judiciales o administrativas».
Recordó el PXOM. «Nosotros ya dijimos que esa era la única medida administrativa», y consideró que la presentación del recurso por parte del Concello en su momento «era lo menos que se podía hacer». Aunque el político popular reconoció que la modificación de las normas de planeamiento que hizo el bipartito en su momento «fue una medida administrativa que se adoptó bien», acusó al gobierno local de tirarlo por tierra con la petición a la Xunta de suspensión de la normativa urbanística de Viveiro.