En mayo del 2007 el entonces portavoz del grupo municipal popular de Viveiro, César Aja , presentó una denuncia contra el alcalde, el socialista Melchor Roel, por los presuntos delitos de prevaricación y contra el ejercicio de los derechos cívicos. El PP atribuía al regidor «una actuación encaminada a obstaculizar el ejercicio de los derechos inherentes a su condición de concejales». Así, le acusaba de ignorar por completo las solicitudes de información, «decisiva» para ejercer su función de control de la acción de gobierno, y de no convocar plenos cuya celebración estaba prevista.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Viveiro archivó la denuncia el 6 de junio del 2007, decisión recurrida por el denunciante. La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado ahora estimar el recurso de Aja, revocar el auto del juzgado y «tomar manifestación al alcalde y, en su caso, las demás que estime procedentes el juez instructor». El ex concejal del PP José Joaquín Gayoso destacó ayer el interés de uno de los razonamientos jurídicos que han hecho reabrir el caso.
«La Sala estima precipitado el archivo de las actuaciones, puesto que de la documental que acompaña la denuncia se advierten múltiples peticiones de información, llevadas a cabo por el grupo del PP (...) que, al menos algunas, tal y como consta, parecen no atendidas, dándose por informada la junta de gobierno local y trasladando copia en su caso al organismo procedente, desconociendo el discurrir posterior de la petición», reza el auto. «Eso que tanto le dolía al rey de la transparencia (en alusión a Roel)... Ahora le llaman a declarar para que pueda arrojar luz», ironizó Gayoso.
Aja aseguró que la situación en el presente mandato es idéntica o incluso peor «porque -argumentó- en esta última etapa la secretaria no tiene acceso a la documentación oficial, que pasa al alcalde y a su gente y después se registra o no, según conviene. Y los expedientes de urbanismo no están en ese departamento sino en la alcaldía».
Anomalías y ocultación
El ex regidor habló de «atentado continuo y constante» contra los ediles, «anomalías muy graves» y «ocultación de datos a los que tiene todo el derecho un concejal». Y se alegró de que, en este mandato, no sea el PP el único damnificado. «Ahora el BNG también reclama información, porque al salir del gobierno le negaron la fuente de acceso, que ahora solo tiene Izquierda Unida», agregó. «En mis 20 años de gobierno -dijo- nunca hubo estos problemas».
Aja repasó la documentación denegada: cuentas de la UNED, pagos por multas de juzgados, certificación del interventor sobre el uso de 1.200 euros por Roel, cantidades pagadas en horas extras, personal municipal y fechas de inicio de algunos contratos, actas de comisiones de urbanismo, informes del vigilante de urbanismo, copias de informes jurídicos y de propuestas de sanción de locales por la Policía Local, cuentas de las fiestas, facturas de grupos musicales, contratos con un bufete de abogados o el expediente de multa del automóvil del alcalde.