Pese a que muchos ya lo esperaban, el pronunciamiento del Tribunal Supremo en torno a los edificios de Lodeiro cayó como un jarro de agua fría sobre Viveiro. La noticia se propagó deprisa entre los propietarios de las viviendas afectadas y el resto de vecinos, incrédulos ante la posible demolición de 118 pisos, donde residen más de 320 personas. Todos, incluidos los políticos locales, reaccionaron con preocupación ante la orden de derribo de los inmuebles que dan a las calles Río dos Foles y Lodeiro.
El alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, no ocultó su desazón por la sentencia. Indignado, arremetió contra su predecesor, el popular César Aja: «Quien en su día no se atrevió a hablar de la primera sentencia a los afectados (en una reunión en el teatro Pastor Díaz), debería pedir disculpas a los vecinos, si es que actuó de buena fe cuando otorgaba las licencias. Como no las ha pedido, que cada uno saque las consecuencias».
Roel tachó a Aja de «mentiroso compulsivo». «Hablaba de legalizar los edificios, lo que demuestra que admite que cometió ilegalidades, y sabía que mientras no saliera la sentencia definitiva no se podía legalizar», señaló. Y alertó de que el ex alcalde del PP «va a generar confusión» sobre el tema pero, recalcó, «solo hay una realidad, las licencias denunciadas se dieron y los pisos se vendieron sin que ni el Registro de la Propiedad, ni el notario, ni los vecinos, ni nadie conociera que estaban pendientes de procesos judiciales (los contenciosos interpuestos por Francisco J. Santiago)».
El mandatario local incidió en que Aja no debiera escudarse en los informes técnico y jurídico favorables para conceder los permisos de obra, «porque los informes dicen que lo solicitado se adapta a la ordenanza, pero no dice que la ordenanza se adapta a la calificación del suelo». El bipartito promovió en su día una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para clarificar «la indeterminación que presentaba la ordenanza residencial mixta», pues dejaba en manos de la junta de gobierno local la decisión final sobre la calificación del suelo.
Recurso de amparo
El primer edil reiteró su compromiso de defender «política y jurídicamente a quienes pagaron los pisos y compraron un proyecto de vida, que ahora son los perjudicados por las ilegalidades cometidas por Aja como alcalde». A la espera de conocer el trasfondo de la sentencia del TS, Roel apunta: «Ante tamaña salvajada tenemos que actuar con la indignación que provocan los hechos, pero tamén con la tranquilidad que nos permita visualizar una salida para los vecinos, que son los que nos preocupan». «Para enmendar hechos ilegales se toma una medida que afecta a muchas familias, mucha gente a la que no se le advirtió de nada, para la que tiene que caber un recurso de amparo», agregó.