Los diecisiete concejales de la corporación viveirense hablaron, por primera vez en mucho tiempo, con una sola voz. Fue ante los propietarios de los pisos de Lodeiro sobre los que pesa una orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo. El alcalde, Melchor Roel, fue quien se dirigió a los vecinos, que llenaron el teatro, pero insistió, reiteradamente, en que hablaba en nombre de todos los ediles.
El Concello instó a los afectados de Lodeiro a pelear unidos, como una piña, para evitar el derribo de los edificios de Lodeiro. En primer lugar, el regidor comunicó a los damnificados la decisión municipal de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta actuación se basa en que la sentencia del TSXG, primero, y ahora la resolución del TS, ordena la demolición de las viviendas, algo que no figuraba en la reclamación inicial del demandante, Francisco J. Santiago García, quien solicitaba la revisión de la licencia otorgada por el Concello de Viveiro.
Si este recurso, sobre cuya admisión a trámite podría tardar entre ocho y diez meses en pronunciarse el Tribunal Constitucional, no prospera, el siguiente paso será pedir la inejecución de la sentencia. Aquí entraría la eventual legalización de los inmuebles, a través de un cambio en la normativa urbanística, algo de lo que los representantes políticos eludieron hablar anoche. Si callaron fue para evitar una nueva querella por parte de Santiago García, quien ya denunció ante el TSXG al alcalde por la modificación de las Normas Subsidiarias acometida en 2004, que finalmente quedó invalidada por la Xunta al aprobar el ordenamiento provisional.
«Vamos a actuar por todas las vías jurídicas, políticas y administrativas. Y es un compromiso de todos los concejales del Concello de Viveiro», recalcó Roel, acompañado de los portavoces popular, Guillermo Leal; nacionalista, Xosé A. Goás B.; y de EU-IU, Orlando Expósito. También en nombre de todos los ediles, Roel animó a los vecinos a emprender, de forma individual o colectivamente, «cualquier tipo de acción por la indefensión que habéis sufrido en todo este proceso».
Tras la intervención inicial de Roel comenzaron las preguntas de los vecinos, la primera para recriminar al Concello «por estarnos vendendo un recurso de amparo», iniciativa que el alcalde defendió «porque el artículo 24.1 de la Constitución y sentencias del TC permiten excepcionalmente que las Administraciones recurran al amparo para defender sus derechos».
Los afectados preguntaron quiénes son los culpables (Concello, promotor, Registro, notario), quién les indemnizará si llegan a demolerse los pisos, si es posible legalizar la situación, si ellos pueden denunciar... En definitiva, si hay alguna garantía de que no van a perder sus casas. Confesaron el nerviosismo, la inquietud, la incertidumbre, la enfermedad y la falta de sueño que todo esto les está provocando. Muchos se quedaron, al finalizar el acto, ya sin políticos, para tratar de buscar asesoramiento legal y emprender acciones al margen del Concello.