Los damnificados sostienen que el coste de una acción colectiva es inferior y su fuerza, mayor
A MARIÑA
No todas las familias tienen capacidad para afrontar el coste de una eventual demanda -«todavía no sabemos contra quién, si quien nos vendió los pisos, si el Ayuntamiento», admiten-, por lo que han optado por una acción colectiva, que merme los gastos y, al tiempo, ejerza mayor fuerza.
En cuanto al hecho de que el promotor de los edificios no advirtiera al Registro de la Propiedad sobre el contencioso administrativo interpuesto por un particular, «la ley no es clara. Creemos que no existe la obligación legal de hacerlo, pero tenemos claro que sí hay un deber moral. Lo contrario es un engaño», manifestó una vecina.
Hay quien no duda sobre quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en Lodeiro y así lo expresó públicamente el jueves: «El problema es que la anterior corporación dio un permiso saltándose la ley y que el señor que vendió los pisos no advirtió a los compradores». Roel aboga por solucionar el problema y, después, hablar de responsabilidades.
Otros culpan a la corporación actual, por no tratar de legalizar la situación. El alcalde reiteró el jueves que el Concello está condicionado hasta que desaparezca el término 'derribo', además de temer una nueva querella por parte del denunciante, Santiago García, como ya ocurrió en el 2004.