En sus primeras declaraciones públicas desde que se conoció la resolución del Tribunal Supremo, que ratifica íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba la demolición de 118 pisos en Lodeiro, el denunciante, Francisco Santiago asegura que «no le gustaría tener que solicitar la ejecución de la sentencia». Y se muestra dispuesto a negociar otras salidas al conflicto: «Seguramente hay otras vías de solución que nadie ha querido explorar, ni el promotor, ni el Ayuntamiento», afirma en un comunicado.
«El gran beneficiario»
El demandante, en una escueta y precisa nota, califica de «muy sorprendente que, a día de hoy, casi nadie menciona al promotor, cuando en realidad ha sido el gran beneficiario». Y se pronuncia sobre una tercera cuestión, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que va a presentar el Concello viveirense, por acuerdo de todos los partidos políticos representados en la corporación. «El recurso de amparo ante el TC no resuelve el problema, solo lo alarga. Estamos otra vez ante falsas esperanzas y engaños, como ya ocurrió con el anterior recurso ante el Tribunal Supremo, finalmente desestimado», concluye.
Santiago no ha querido ir más allá en sus manifestaciones. Sí reconoce su disposición a hablar, ahora que ya se conocen las posturas y las reacciones de Concello y vecinos, no así la del promotor de los edificios, que guarda silencio. Como constató el alcalde, el socialista Melchor Roel, en la reunión mantenida con los propietarios de las viviendas afectadas, junto a los portavoces de PP, BNG y EU-IU, la Administración local no puede emprender ningún tipo de negociación «extrajudicial» para tratar de resolver esta situación. Queda, por tanto, un único interlocutor posible para el denunciante, el promotor.
El vecino de Viveiro a quien los tribunales han dado la razón, tras casi nueve años de litigio, ha eludido explicar cuáles son las «otras vías de solución» al caso Lodeiro, que «nadie ha querido explorar». Y ha declinado manifestarse a favor o en contra del camino de la negociación económica con Mareber S.?L., una de las opciones que parece sondear con sus declaraciones.
Nueve años de litigio
Este vecino de Viveiro fue quien, en un escrito del 29 de julio de 1999 advirtió al Concello de unas obras (movimiento de tierras) que se estaban ejecutando, en una parcela propiedad de Mareber S.?L., «sin licencia y en contravención con la normativa urbanística», instándole a la inmediata paralización.
Casi un año después, el 14 de junio del 2000, volvió a dirigirse al Ayuntamiento para solicitar «la revisión y la anulación de las licencias urbanísticas concedidas a la entidad Mareber S.?L. por la comisión de gobierno, en sesiones ordinarias celebradas los días 17 de junio de 1996 y 9 de agosto de 1999, ordenando la demolición de todas las obras ejecutadas al amparo de dichas licencias». El gobierno local, entonces presidido por el popular César Aja, le contesta «que non é admisible a trámite a revisión» de ninguno de los dos acuerdos. El asunto desembocó en dos contenciosos administrativos, resueltos a favor del demandante en el TSXG y finalmente ratificados por el TS, en una sentencia irrecurrible.