«Las víctimas somos los únicos que estamos gastando dinero con esto, los demás se están riendo de nosotros»
A MARIÑA
Cuando hace cuatro años se conoció la sentencia del TSXG que anulaba las licencias concedidas por la comisión de gobierno presidida por el popular César Aja a Mareber S.?L. y ordenaba tirar los inmuebles, la comunidad de vecinos del bloque número 17, de la calle Río dos Foles, se personó en la causa. Gracias a aquella reclamación, admitida a trámite por el TSXG, 118 familias de Lodeiro tienen algo más a lo que agarrarse en su batalla por impedir el derribo de sus casas.
El abogado que representó entonces a los propietarios del número 17, Julio González González, respondió a las múltiples preguntas y dudas de los afectados por el caso Lodeiro, en la reunión informativa celebrada el viernes en el viejo consistorio. Con el salón de plenos lleno, se oyeron comentarios e ideas muy diversas. Desde quienes sugieren recurrir al Defensor del Pueblo o a la Fiscalía Anticorrupción, hasta los que abogan por manifestarse en Madrid o por el fraude fiscal. «¿Qué pasa si no pagamos el IBI?», interpeló un vecino. «Tendrían un problema más», replicó el letrado.
Algún asistente expresó su intención de denunciar, por la vía penal, al promotor. Y muchos se interesaron por la eventual negociación de promotor o Concello con el demandante, Francisco Santiago. El abogado respondió con claridad: «Si el denunciante renuncia, tampoco garantiza al 100% que nadie vaya a poder ejecutar esa sentencia; sí al 99%. Una negociación nos puede sacar del problema en términos de probabilidad, pero no de posibilidad». Y es que, aunque Santiago renunciara a solicitar la ejecución de la sentencia, la Ley deja la puerta abierta a que otro «interesado» lo haga.
El jurista incidió en la importancia de mantener todas las vías de posible defensa abiertas, «primero para buscar que no tiren los edificios, y solo en último caso, para lograr una indemnización». ¿Qué opciones existen? González explicó que, antes de nada, habrá que estudiar en detalle todo lo ocurrido, en busca de un posible vicio o fallo en el procedimiento judicial que permita solicitar la nulidad de la sentencia.
Perjuicio desproporcionado
¿Por qué el Concello no informó a los compradores de los pisos de la existencia de contencioso-administrativo? El abogado sostiene que era obligación de la Administración local notificar este hecho a los vecinos. Si el camino de la nulidad no fructifica, abundó, habría que reclamar ante el TSXG la «inejecutabilidad» de la sentencia, pues supondría un perjuicio desproporcionado. Hasta tener garantizado que la orden de derribo no se podrá aplicar, no cabe exigir responsabilidades, subrayó.
González animó a los vecinos del resto de bloques a personarse en la causa. Los asistentes se decantan por que sean las comunidades de vecinos las que canalicen las reivindicaciones. En cualquier caso, el proceso es muy complejo, pues conviven situaciones muy dispares, incluso un bloque entero de Protección Oficial, y pisos que fueron entregados antes de que Francisco Santiago se dirigiera, por primera vez al Concello e interpusiera recurso alguno. «Las víctimas somos los únicos que estamos gastando dinero con esto; el promotor y Aja se están riendo de nosotros», comentó, con indignación, una damnificada.