El denunciante del caso Lodeiro, Francisco José Santiago García, responde a las declaraciones efectuadas por el promotor de los edificios, Manuel Rego Bermúdez, a través de la entidad Mareber S.?L., el domingo en La Voz de Galicia. Santiago asegura que «en ningún momento se ha reunido con el señor Rego Bermúdez, y mucho menos ha pedido cantidad alguna».
El empresario afirmaba que Santiago «había llegado a proponer la retirada de los recursos a cambio de una importante suma de dinero». «A instancias del alcalde, Melchor Roel, el abogado de Francisco Santiago accedió a entrevistarse con el señor Rego en el año 2004, con el fin de escuchar al promotor, una vez que se había pronunciado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dictando sentencia a favor de Francisco Santiago», explica el demandante en su escrito de réplica a Mareber S.?L.
«Fue precisamente el señor Rego, y no el abogado de Francisco Santiago, quien hizo un ofrecimiento económico que, naturalmente, no fue tenido en cuenta», añade el comunicado. Asevera, además, que «desde que se produjo aquel encuentro en el año 2004, no ha habido contacto alguno que pueda justificar las manifestaciones del señor Rego a La Voz de Galicia el 1 de junio del 2008».
Anuncia, a continuación que, «ante la gravedad de las acusaciones vertidas por el señor Rego en dicho medio de comunicación, y en defensa del honor del señor Santiago, se han iniciado los trámites para la presentación de una querella criminal por calumnias e injurias, contra el señor Rego Bermúdez».
Cruce de comentarios
Santiago tardó dos semanas en pronunciarse públicamente, desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que ratifica la resolución dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), anulando las licencias de obra otorgadas a Mareber S.?L. el 17 de junio de 1996 y el 9 de agosto de 1999, por parte de la comisión de gobierno, entonces presidida por el popular César Aja Mariño. Y ordenando el derribo de los edificios que se levantaron al amparo de ambos permisos.
La persona que advirtió en su día al Concello de Viveiro de que se habían iniciado unas obras sin autorización y que pidió la revisión del acuerdo que concedía una de las licencias, denegada por el ejecutivo del PP, declaró en este periódico que «no le gustaría tener que solicitar la ejecución de la sentencia. Seguramente hay otras vías de solución que nadie ha querido explorar, ni el promotor, ni el Ayuntamiento».
Un par de días más tarde, el promotor de las 118 viviendas sobre las que pende la amenaza de demolición, negaba ser «ni culpable ni responsable» de la situación creada por la anulación de las licencias, hecho que atribuía, «desde el punto de vista legal, a la imprecisión de las normas urbanísticas y la diferente interpretación realizada por el Concello y el TSXG». Y, desde el punto de vista humano, «a la actuación de Santiago García, quien promovió el procedimiento judicial con un evidente ánimo de lucro».