El popular César Aja culpa al alcalde de Viveiro de la situación de los chalés de Area que ha mandado demoler la Xunta. Y le insta a «asumir la responsabilidad de sus propios actos y a confeccionar el Plan Xeral con urgencia, para evitar así la inseguridad jurídica en la que tiene sumidos a los ciudadanos, puesto que esto se está pareciendo más a Marbella o a Estepona que a Viveiro».
El presidente del PP local exhorta al socialista Melchor Roel a «respetar los informes de los técnicos municipales y a prescindir de la asistencia externa que, además, está en entredicho por la implicación del señor que está asesorando al Concello, con informes ad hoc, en la investigación realizada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos en el Ayuntamiento de Abegondo, denunciado en el Juzgado de Betanzos».
Informes desfavorables
En relación con las cuatro viviendas de Augadoce, Aja acusa a Roel de «mentir descaradamente, cuando dice que tienen todos los informes favorables. Tres de ellas, las tres que yo denuncié, tienen los informes jurídicos negativos». El ex alcalde esgrime las conclusiones de estos documentos, que cita: «Procede desestimar a petición de certificación de ter obtido, por silencio administrativo, a licencia urbanística (...). A normativa ao abeiro da cal hai que resolver a presente solicitude de licencia de obras é a aprobada polo Consello da Xunta de Galicia e publicada no DOG do 23 de xuño (...). Desestímase a solicitude por estar prohibidas, en todo caso, as novas edificacións destinadas a usos residenciais».
Engaño a los propietarios
Aja recrimina a Roel «porque, aun a sabiendas de estos informes ha optado por otorgar estas tres licencias, engañando conscientemente a los propietarios, tanto en el otorgamiento como en animarles a continuar con las obras, a pesar de tener incoado un expediente de paralización por parte de la Xunta».
«Para mayor descaro, en la junta de gobierno local del 7 de mayo de 2008, se autoriza el inicio de la ejecución de dos de estas obras, cuando llevan más de un año empezadas y cuando el alcalde sabe que existe un expediente incoado por la Xunta de Galicia», critica Aja.
Declina opinar sobre el carácter protegido o no del suelo de los chalés, e insiste en que las licencias dadas por su gobierno antes del 2003 no son comparables, «pues Roel sabe que la ley no fue la misma antes que después del 2002 (cuando se aprobó la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural). Y nunca dimos ni una con informes negativos». Incide en que «Viveiro, en 2003, contaba con unos instrumentos urbanísticos -normas subsidiarias, documento en tramitación de varios núcleos rurales y Pxom casi ultimado-, que el señor Roel prefirió anular, sin crear otra alternativa, dejando a los vecinos sin ningún amparo legal para poder defender sus intereses, como se aprecia en los casos Lodeiro, Valado y, ahora, Augadoce».
«Había unas normas que, más o menos, daban seguridad a estas edificaciones», declara Aja. «Quien está poniendo todos estos problemas es la Xunta de su misma línea, porque la anterior, del PP, no suspendió las licencias y sí facilitó la modificación de la normativa en Lodeiro... La culpa es de Roel... Ya en el anterior mandato lo debió ver mal la concejala de Urbanismo, que se escapó de la corporación».