Dos vecinos de Lodeiro han presentado sendos incidentes de nulidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de 30 de octubre del 2003, que declaraba nulas las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento de Viveiro el 17 de junio de 1996 y el 9 de agosto de 1999, para levantar dos edificios entre las calles Río dos Foles y Lodeiro. El TSXG ordenaba la demolición de los inmuebles construidos al amparo de estos permisos.
Los afectados que firman los incidentes de nulidad argumentan «las deficiencias» por parte del Ayuntamiento de Viveiro, entonces gobernado por el popular César Aja Mariño, en la notificación de la demanda. Aseguran que nadie les comunicó la existencia de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Francisco José Santiago García contra los acuerdos municipales que permitían la construcción de los edificios. Y, por tanto, solicitan al tribunal que declare que la tramitación del procedimiento judicial no fue la correcta.
El resto de vecinos con propiedades en los inmuebles de Lodeiro apoya la iniciativa de estos dos damnificados. Todos, recalcan las fuentes consultadas, «actúan en un frente común», en defensa de sus propiedades y de sus derechos, que consideran vulnerados. ¿Qué ocurriría si el TSXG estimase los incidentes de nulidad contra el fallo que fue posteriormente ratificado, en su integridad, por el Tribunal Supremo? En ese caso, el contenido de la sentencia quedaría sin efecto. Esto daría pie a que el Concello de Viveiro iniciase un proceso de legalización de la situación de los inmuebles, algo que ya hizo en el año 2004, con el visto bueno de la Consellería de Política Territorial, mediante la modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento, iniciativa que frustró el propio Gobierno autonómico con la suspensión de la normativa urbanística vigente en este municipio.
En relación con este asunto, a mediados del pasado mes de junio el TSXG falló a favor del recurso interpuesto por un vecino de Viveiro contra la orden de Política Territorial del 27 de agosto de 2004, por la que se otorgaba la aprobación definitiva a la modificación puntual del ordenamiento urbanístico y, en consecuencia, quedó anulada.
Nadie ha pedido la ejecución
Hasta ahora nadie ha solicitado la ejecución de la sentencia. El Concello de Viveiro, por su parte, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El principal razonamiento empleado radica en la no coincidencia entre lo que solicita el demandante, la revisión de licencias, y los fallos judiciales, que dictan el derribo de las construcciones.