Tras las declaraciones del PP y la reunión del alcalde, Melchor Roel, con los presidentes de las comunidades afectadas por la orden de derribo, la Asociación de Veciños O Lodeiro quiere dejar claro que se sienten «engañados, por no ser informados de la demanda en su día». Y denuncian «la falta de un mecanismo administrativo público que exija esa información para garantizar que lo que se compra al amparo de la Ley y mediando fedatarios públicos no pueda convertirse en ilegal».
Los vecinos también proclaman su «indefensión». «Los conocedores de la demanda, Concello, gobierno de César Aja, la promotora Mareber S.?L. y el demandante, Francisco Santiago García, al no hacer pública su existencia, nos privaron (por intereses que desconocemos, salvo en el caso del constructor), de nuestro derecho a defendernos ante los tribunales antes de la sentencia».
Los damnificados se sienten «injustamente tratados por la Justicia». «La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula las licencias y ordena la demolición de los edificios. Nosotros no fuimos los que concedimos las licencias, ni los que incumplimos los trámites administrativos, ni los que solicitamos las licencias, ni los constructores, ni los promotores. Pero las casas que ordena derribar son las nuestras, privándonos así de nuestro patrimonio, mientras que el de los responsables de esos actos, de momento, está intacto».
Después de la reunión de ayer, la asociación subrayó que «el actual equipo de gobierno, encabezado por Melchor Roel, está haciendo lo que le corresponde como responsable de las actuaciones de la Administración a la que representa por elección democrática y por sus propias decisiones como candidatos políticos». «Nosotros -recalcaron- no elegimos ser las víctimas de esta sentencia de derribo».
El colectivo también quiere dejar claro que se considera con derecho a exigir que se respete su inocencia, «por todos los poderes jurídicos y políticos, y que nuestra situación no sea una disculpa que pueda utilizarse políticamente salvo para defender nuestros derechos». «No queremos ser los títeres de los partidos políticos, pero sí queremos que aúnen sus esfuerzos para dar solución a un problema que trasciende al nivel municipal, dado que este Ayuntamiento podría carecer de los recursos necesarios para hacer frente al derribo y a las indemnizaciones que les correspondería afrontar en caso de ejecutarse la sentencia», abundan.
Por último, los vecinos remarcan que, «amparados por la razón, la inocencia y la legalidad», seguirán ejerciendo su derecho democrático para «realizar cuantas acciones sean necesarias para hacer público el engaño, la indefensión y la injusticia de los que fuimos objeto y reclamar una solución justa y lo más rápida posible».