El pleno celebrado anteayer en el Concello de Viveiro abordó tres mociones presentadas por el grupo municipal del Partido Popular. Al mismo, no asistió José Antonio Goás, único edil del BNG, que se ausentó por motivos de salud. Quienes sí acudieron fueron un grupo de unos 30 vecinos de Lodeiro.
La moción que levantó un debate más agrio fue la referida a las actuaciones que tiene intención de llevar a cabo el concello, con respecto a las sentencias de demolición de varios pisos de Lodeiro. Guillermo Leal, portavoz popular, argumentó la presentación de esta moción con el «afán de defender y buscar soluciones para que los vecinos puedan seguir disfrutando de sus viviendas». Asimismo, Leal instó al gobierno municipal a que, «si hay una posibilidad de legalizar los pisos, se lleve adelante».
El alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, le replicó que «el PP ha tenido una gran oportunidad de estar callado, pero prefirió desmarcarse de la hoja de ruta marcada en 2003, que habían seguido hasta hoy [por anteayer]». Roel, que calificó lo sucedido con la licencia como «una de las mayores cacicadas que se han visto jamás en Galicia», recordó que «a los seis meses de llegar al concello nos encontramos con esta denuncia y unos vecinos engañados, ya que compraron sus pisos sin saber que existía esa reclamación, luego de que miembros del PP, que en 1999 aprobaron la licencia, se beneficiasen de ello a través de la empresa Insuamar». Finalmente, afirmó que «ni se abandonó, ni se va a abandonar la vía administrativa».
Del mismo modo, Orlando Expósito, concejal de Esquerda Unida, tildó la presentación de la moción «como unha falta de respeto», al tiempo que acusó al PP de «romper o pacto, logo de que todos estivésemos unidos». Leal, que recalcó no tener «ninguna vinculación con la empresa citada», se defendió afirmando que «no considero que se rompa el pacto, dado que solo pedimos que se estudie otra posible vía de solución».
Melchor Roel le respondió que había «dos soluciones que el PP no abordó, luego de crear el problema. La primera, a finales de 1999, era no haberle ocultado a los vecinos que existía la denuncia y la segunda -en septiembre de 2002- consistía en aprobar un Plan Xeral que Aja no llevó a cabo para no perder unas elecciones, como él mismo afirmó en La Voz». El alcalde argumentó el voto en contra de su grupo «porque estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y a lo que nos comprometimos con los afectados». EU-IU también se posición en contra y la propuesta fue rechazada.