El Movemento polos Dereitos Civís lleva a la Fiscalía su denuncia por las cámaras de videovigilancia
AROUSA
El Movemento polos Dereitos Civís corroboró ayer lo que ya había avanzado hace unas semanas: la presentación de una demanda contra el Concello de O Grove ante la Fiscalía por la colocación de cámaras de videovigilancia en las dependencias municipales.
Esta asociación lleva seis meses con esta batalla, desde que la concejalía de Seguridade Cidadá colocara las primeras cámaras en el recinto de la Festa do Marisco. El colectivo sostiene que son ilegales y ya entonces presentó una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Valedor do Pobo que acaba de ser admitida a trámite por parte de esta última institución.
Peticiones al Concello
Pero como quiera que el concejal delegado de esta área, Fredi Bea, siguió adelante con su proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en edificios municipales -actualmente funcionan en la casa de la cultura Manuel Lueiro Rey- la asociación ha optado por acudir al juzgado. De momento se han dirigido ya al Concello para instarle a que, en el caso de que no disponga de las preceptivas licencias, retire de forma inmediata los dispositivos de grabación situados en la casa de la cultura «por lesionar estas o dereito recollido no artigo 18 da Constitución Española: o honor, a intimidade e a propia imaxe das persoas».
Además, están a la espera de que tanto la Agencia de Protección de Datos como el Valedor do Pobo tomen medidas para «aclarar responsabilidades e restaurar a legalidade», explica el colectivo.
Ante la perspectiva de que se coloquen más cámaras en O Grove, Movemento polos Dereitos Civís señala a este respecto que «a lexislación é clara ao establecer o sistema de videovixiancia como última opción, é dicir, que para garantir a seguridade cidadá sempre que sexa posible, se acuda a outros medios menos intrusivos coa intimidade das persoas».
Los requisitos
La asociación recuerda que la instalación de dispositivos de este tipo debe contar con una autorización previa de la Delegación del Gobierno y el informe favorable de una Comisión de Garantías. «De non ser así, o goberno local volvería a incurrer nunha ilegalidade como sucedeu coa instalación de dispositivos durante a Festa do Marisco».
«A este respecto hai que recordar que o Defensor del Pueblo remitiu un escrito ao Concello de Ares instando á entidade a retirar as cámaras do edificio consistorial xa que estas carecían de permisos», añade la asociación.
Fredi Bea sostiene que las cámaras instaladas en O Grove contaron y cuentan con todos los permisos en regla y se muestra muy tranquilo en relación a estas denuncias.