El socialista dice que se enteró por la prensa de que existía un informe contrario al proceso de contratación
11 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, descarga en el secretario del Concello y en otros técnicos la responsabilidad sobre las supuestas ilegalidades en el proceso de contratación de la obra del edificio administrativo que se construye en la calle Cándido Acuña. Así lo declaró el martes ante el juez de instrucción número dos de Cambados, ante quien tuvo que comparecer en calidad de imputado, acusado de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y fraude en la contratación administrativa.
Cacabelos se ve en esta tesitura a raíz de la denuncia presentada por el constructor grovense Óscar Miniño, quien considera que el proceso para contratar esta obra estuvo plagado de irregularidades. Entre ellas, la falta de proyecto de ejecución lo cual le impidió realizar propuestas para mejorar la oferta y competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas que se presentaron al concurso, según alega.
El alcalde mantuvo a lo largo de su declaración que actuó en todo momento atendiendo a criterios de los técnicos ya que el secretario «no le notificó ni por escrito ni verbalmente ninguna irregularidad antes de la adjudicación definitiva».
Cacabelos señaló además «que las cuestiones que le comentó -el secretario- eran menores y que se resolverían en un contencioso y que como máximo responsable del Concello firma los documentos que le pasan y se fía de lo que redactan los técnicos municipales», según se recoge en su declaración.
A preguntas de la defensa, señaló que «en las conversaciones con el secretario durante la tramitación del expediente, nunca le planteó ningún tipo de duda respecto a la posibilidad de prevaricación».
El alcalde afirmó que se enteró por la prensa, en septiembre del 2009, de la existencia de un informe del secretario municipal, según el cual se advertía de anomalías legales en el procedimiento y de la conveniencia de volver a licitar la obra. Este informe es del 24 de noviembre del 2008 y una semana después, Cacabelos dictaba la resolución por la cual se adjudicaba la obra del edificio administrativo a la empresa Álvarez Prol, de forma definitiva.
El alcalde se abstuvo
En la denuncia que formula Óscar Miniño por el edificio administrativo se hace hincapié en la relación familiar del alcalde con la empresa a la que se contrató el proyecto de esta obra, Consulting Álvarez Cacabelos S.L.P., que tiene como socio a un hermano del regidor. Buena parte de las preguntas que le hizo el juez se refieren a este extremo, a las que el regidor socialista respondió que en los acuerdos relacionados con la contratación de esta empresa él se abstuvo, precisamente por esta relación familiar; que no estuvo en la mesa de contratación, en la que sí participaron otros miembros del grupo de gobierno y de la oposición; que esta consultora de arquitectura ya hiciera trabajos anteriores con el Concello, cuando él ni siquiera era el alcalde; y que son los técnicos municipales los que se encargan de llamar a las empresas para este tipo de contratos.
Preguntado respecto a que el proyecto del edificio administrativo estuviera redactado en abril del 2008, cuando el expediente administrativo data del 1 de septiembre de ese año, Cacabelos dijo que no le constaba tal extremo y que su papel se limitó a encargarle a los asesores técnicos del Concello que gestionaran la redacción del proyecto como es «práctica habitual».
Otra de las cuestiones que está investigando el juzgado se refiere a la primera certificación de esta obra, que se hizo el mismo día en que se aprobó la contratación de la misma, el 1 de diciembre.
Cacabelos Rico manifestó que él entendió que en la parcela de la calle Cándido Acuña se habían hecho a esa fecha unas calicatas y un muro de bloques. «Que se fió de lo que el técnico certificaba y no comprobó las veracidad de dicha certificación» y que el hecho de emitir una certificación de obra hecha el mismo día que se adjudica la obra es un trámite administrativo al que el alcalde no le hace un seguimiento exhaustivo «porque para eso están los técnicos del Concello». Cacabelos reconoce también que la premura en certificar la obra se debió al «miedo» a perder la subvención de 80.000 euros que concedió la Consellería de la Presidencia para financiar esta obra ya que se agotaba el plazo.