El secretario del Concello de O Grove, Francisco Javier Novoa, declaró ayer en los juzgados de Cambados, en calidad de testigo, por el caso del edificio administrativo y en su declaración afirmó que advirtió al alcalde, José Antonio Cacabelos (PSOE), de la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de esta obra, tanto verbalmente como por escrito.
Esta declaración desmiente al regidor, que en su declaración del pasado 11 de febrero dijo que no había sido alertado por los técnicos municipales de que hubiera problemas graves en este expediente y dijo que el secretario nunca le planteó que su tramitación pudiera llegar a costarle una acusación de prevaricación y falsedad en documento público, como a la que ahora se enfrenta.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, ya dijo, vía auto, que no le parecía «creíble» la versión del alcalde y el secretario municipal avaló ayer esta tesis.
Francisco Javier Novoa afirmó ante el juez que sí advirtió de la existencia de irregularidades en varias ocasiones y que si se siguió adelante con el expediente fue por una «decisión política». Lo hizo antes del 20 de octubre del 2008 y lo hizo por escrito en un informe del 24 de noviembre de ese año. Una semana después, la obra fue adjudicada a la constructora Álvarez Prol.
Según se recoge en su declaración, «había comentado las irregularidades que estaba observando y no se le hizo caso» lo cual el alcalde habría justificado en no perder la subvención que le concedió la Xunta para financiar el nuevo edificio de la calle Cándido Acuña, una subvención que se consiguió finalmente al límite del plazo legal.
Novoa declaró ayer que no le consta que el alcalde hubiera informado de la existencia de las irregularidades a la junta local de gobierno pero apuntó que él si se lo dijo verbalmente al concejal Fredi Bea y que no recuerda si se lo comunicó también al primer teniente de alcalde, Carlos Álvarez Besada, «pero entiende que entre cuatro paredes se sabe todo lo que ocurre dentro del edificio municipal», según consta en su declaración judicial.
Por registro, para protegerse
Después de todo ello emitió un informe en el que advertía de anomalías en el proyecto y aconsejaba volver a sacar la obra a licitación, con fecha de 24 de noviembre, que «no entregó a ningún político sino que lo presentó por registro municipal para proteger su responsabilidad y dejar constancia por escrito de las irregularidades como asesor legal del Ayuntamiento, ante posibles reclamaciones posteriores».
Para entonces ya se había presentado una recurso por parte del constructor de O Grove, Óscar Miniño, que fue quien finalmente llevó el asunto a los juzgados. Según Novoa, si este recurso no se resolvió fue «para no perder la subvención» y que, pese a que hay obligación legal de resolver este tipo de reclamaciones, «el alcalde le comunicó verbalmente su decisión de no resolver tanto los escritos presentados por Oscar Miniño como los escritos formulados por el declarante advirtiendo de irregularidades administrativas». A preguntas de los letrados, Novoa dijo que el alcalde «siempre primó el interés público de obtener la subvención».
Respecto a la apertura de los sobres B antes de tiempo, el secretario indicó «que no es posible que legalmente David Cacabelos -hermano del alcalde y socio de la empresa a la que se le adjudicó el proyecto de obra- pudiera haber retirado los sobres B antes de reunirse la mesa de contratación al día siguiente».