La CNC los acusa de pactar precios a raíz de una denuncia de Anfaco
29 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto una multa de 1,5 millones de euros a quince agrupaciones mejilloneras gallegas por pactar precios. Una imputación con la que en absoluto están de acuerdo los afectados, que ya anuncian que recurrirán. La resolución afecta a unas 3.000 bateas lo cual representa más del 90% de las que existen en las rías gallegas. A priori solo se libraría de las sanciones la Asociación Virxe do Rosario de Vilaxoán, si bien fuentes del sector no descartaban ayer que pudiera verse salpicada de algún modo dado que la investigación se remonta a 1997, cuando esta asociación todavía pertenecía a la organización mayoritaria, Opmega.
De los 1,5 millones de euros que se proponen de sanción, 900.000 euros recaen en agrupaciones integradas precisamente en Opmega y 500.000 entre las que forman parte de Arousa Norte.
La Comisión Nacional de la Competencia abrió expediente sancionador contra los mejilloneros a instancias de las denuncias de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) contra la Plataforma de Distribución del Mejillón de Galicia (Pladimega), que se constituyó en el 2008 con el fin de aglutinar la comercialización del mejillón gallego.
Fueron tiempos convulsos en el sector bateeiro pues Pladimega llegó a convocar una huelga en los muelles con el fin de paralizar las descargas del bivalvo que acabó con graves disturbios en el puerto de Vilanova.
La investigación de Competencia se basa en la existencia de prácticas anticompetitivas basadas en un supuesto pacto de precios entre las distintas asociaciones, actuando, en consecuencia, como un cartel.
Los mejilloneros sostienen que no se les puede atribuir tales prácticas teniendo en cuenta que se trata de un sector conformado por dos mil microempresas sin capacidad para abordar un pacto de precios de esta envergadura, argumentan
Reunión con los abogados
De todos modos, ayer todavía no se produjeron valoraciones oficiales a este respecto. A última hora de la tarde, la sede del Consello Galego do Mexillón de Galicia (Vilagarcía) albergaba una reunión de mejilloneros en la que, por supuesto, se habló de esta cuestión
El presidente de Opmega, Ignacio Blanco, optó por la prudencia a la hora de pronunciarse a la espera de reunirse con los abogados de la organizacón.
Tras la notificación de la resolución, de la que algunas asociaciones todavía se enteraron ayer mismo, se abre un plazo de dos meses para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, según aclaró Blanco. A la espera de que Opmega tome una decisión, miembros de las distintas asociaciones daban ayer por hecho que se iba a presentar recurso y se mostraron confiados en que el asunto se resuelva finalmente a su favor.