Los últimos vertidos contaminantes detectados en los ríos de la Costa da Morte, causantes de la mortandad de centenares de peces, han sacado a relucir uno de los grandes problemas de la sociedad actual: la impunidad con la que actúan los infractores y el vacío legal que existe en determinados aspectos de la contaminación de ríos y playas.
El agua, ese bien esencial y tan poco valorado, ha sido víctima de numerosos atentados. Nadie olvida en la zona los casi dos días que pasó en marzo la población de Malpica sin agua potable por la presencia de un compuesto químico. Este mismo mes en Cabana fue suspendido el suministro de agua potable en parte del municipio y el colegio a causa de un vertido.
Según un informe emitido por la Consellería de Medio Ambiente, la mayor parte de los vertidos proceden de aguas fecales, es decir, de los concellos donde no hay depuradora o donde funciona mal. En lugares como Camariñas, el más afectado de la Costa da Morte, la situación cambiará en unos meses. Fisterra, otro de los concellos con problemas.
Pero estas no son las únicas fuentes: están también los residuos industriales y agrícolas. De hecho, dos de los últimos derrames podrían proceder de empresas. A finales de octubre, un millar de truchas aparecieron muertas en el Lengüelle (Cerceda), en el tramo que discurre después del vertedero de Areosa. Esta semana encontraron medio centenar de peces muertos en el Rego da Balsa (Carballo), además de un vertido de origen desconocido a su paso por el polígono de Bértoa. En ambos casos, se desconoce su causa. Y los autores de estos delitos quedan impunes. Los concellos dicen que la responsabilidad es del Seprona y que, además, es muy difícil saber quién ha sido el autor. En agosto también hubo mortandad de truchas en Vimianzo.
Otra de las causas de los vertidos son los purines. Sin embargo, existe un vacío legal en la utilización de estos residuos, debido a que Galicia no está considerada una zona vulnerable. Por tanto, no hay nada que regule la utilización del estiércol, y evitar la contaminación depende de la buena voluntad de los ciudadanos. Por tanto, la sanción solo se impone si alguien vierte purín directamente al río o se carga agua del cauce en la cisterna.
La falta de vigilancia y de esfuerzos en la investigación produce un agujero negro gravísimo en la sociedad. Es un atentado contra la vida, un peligro para la supervivencia de las especies animales y para la calidad de vida humana.