El juzgado ordena el cese de los vertidos en la cantera de A Brea hasta definir su posible riesgo
CARBALLO
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha reabierto la causa impulsada por la asociación cultural Festa do Pan da Brea (Carballo) contra el depósito de escorias procedentes de la fábrica ceense de Ferroatlántica en la antigua mina de Santa Lucía y ha ordenado el cese de la actividad de Desguaces Lema, la empresa que gestiona los vertidos, hasta definir el posible riesgo ambiental que entrañan.
En concreto, y según consta en el auto del magistrado Luis Aláez Legerén, se requiere al administrador de la empresa, José Antonio Lema, «para que se abstenga de cualesquiera actuaciones materiales (limpieza, movimientos de tierra, canalizaciones de aguas, retirada de escombros, residuos, escorias...) sobre los terrenos, incluidas las balsas de agua (...), hasta que de la práctica pericial acordada pueda resolverse otra cosa, y, asimismo, se abstenga de comportamientos obstruccionistas de la actividad a desarrollar por miembros de la Universidad de Santiago de Compostela, del Seprona, de la empresa Tragsa o cualesquiera otras personas autorizadas judicialmente». En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de determinar la presencia o no de escorias de silicomanganeso, sus características y los posibles riesgos ambientales que representarían.
Esta decisión es consecuencia de la estimación de los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Fiscal como por el procurador que representa a los vecinos de A Brea contra el auto del pasado 22 de febrero por el que se decretaba el sobreseimiento de la causa. El juez Aláez Legerén ordena incorporar a la causa los documentos aportados con la denuncia, recabar de la Dirección Xeral de Medio Ambiente «copia completa de todos los expedientes abiertos» y la realización de la pericial citada.
Informe falseado
El magistrado santiagués argumenta que en la resolución recurrida por la asociación Festa do Pan da Brea se realizó una lectura «inapropiada» de los hechos desde un punto de vista penal, y coincide con los denunciantes en que el informe elaborado en su día por el entonces director xeral de Calidade Ambiental e Avaliación de la Xunta, Joaquín Lucas Buergo del Río, no se corresponde con la realidad, y añade que incluso aporta «noticias que no solo no se corresponden, sino que incluso contradicen y ocultan los datos de que disponía el autor de dicho informe, silenciando el incumplimiento de resoluciones de la Administración».