La competencia desleal en el sector hotelero ha existido siempre, pero es ahora, en tiempos de crisis, cuando más se notan sus efectos. «Cando hai, hai para todos, pero cando non hai...», explica, gráficamente, uno de los afectados. La situación ha llegado a tal punto que algunos profesionales ven amenazada la supervivencia de sus negocios, mientras que otros optan directamente por echar el cierre. Este es el caso de Lorena Lappe, una empresaria de Muxía que ha anunciado el cese de la actividad de su hotel rústico ante la imposibilidad de poder competir con los alojamientos ilegales.
La situación es especialmente crítica en Fisterra. Manuel Pan, presidente de la Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), expone una práctica de acoso y derribo a los turistas por parte de quienes ofrecen alojamiento de manera ilegal. «Vanos buscar xa á a parada do autobús», señala.
Su versión la corrobora José López, propietario del Hospedaje López, que ya ha presentado dos denuncias por este motivo. Asegura que los particulares atrapan a los turistas en el propio autobús que los acerca a Fisterra y les ofrecen hospedaje en sus viviendas a un precio que ronda los 10 euros, y que en algunos casos también incluye servicio de restaurante.
José López y Manuel Pan no coinciden en absoluto, sin embargo, en cuanto a la conveniencia de recurrir a las autoridades. El primero asegura que lo único que consiguió con las denuncias fue que el inspeccionado fuese su propio establecimiento. «Veñen mirar aos que temos todo en regla, aos que pagamos», señala. En su opinión, el problema puede tener consecuencias desastrosas, y lamenta la falta de unión del sector frente a esta competencia desleal.
Para el presidente de APTCM, sin embargo, la denuncia es la única vía. «Nós brindámonos a todos os socios para que nos digan establecementos, pisos e calquera aloxamento que funcione ilegalmente. As asociacións estamos para que un veciño non teña que denunciar a outro. Facémolo nós», señala. Asegura además que las quejas formales ya han tenido consecuencias. Por una parte, porque la Administración realizó numerosas inspecciones en la Costa da Morte, sobre todo en Fisterra, y, por otra, porque en los últimos dos o tres años se incrementó de forma considerable el número de viviendas vacacionales registradas en la Xunta.