Si López fue el encargado de abrir puertas en Cee, parece que en Fisterra y en Mazaricos ese trabajo ya estaba hecho, tal y como se deduce de las conversaciones telefónicas intervenidas. Ogando, padre e hijo, evitaron la prisión pagando 10.000 euros en cada caso de fianza, y otros 5.000 el alguacil de Mazaricos. Esa última cifra sería la que la empresa habría destinado a la fiesta de A Fervenza. Ahora los agentes estudian las facturas intervenidas en el Ayuntamiento. También lo hacen en Fisterra, donde, sin embargo, no consta que se hubiera producido ningún pago. Al menos no hay prueba de ello.
En Fisterra, su alcalde quedó en libertad con cargos y sin que la Fiscalía pidiera prisión ni fianza. Traba retomaba su actividad el mismo día en el que salió de los juzgados. A él se apunta en la investigación por haber facilitado contratos a Ogando.
El papel de los dos ediles del mismo municipio detenidos es más circunstancial. Tuvieron la mala suerte de firmar papeles en la comisión correspondiente. Ramón Redonda y Santiago Insua quedaron libres, pero acusados de tráfico de influencias y de cohecho.
Secreto de sumario
El caso sigue bajo secreto sumarial, condición que perderá, seguramente, en un mes. En principio no parece que vaya a haber nuevas detenciones, pero sí muchas personas de la comarca que deberán pasar a declarar como testigos, pues muchos figuran en la operación Orquesta.
Las conversaciones telefónicas grabadas durante un año y un mes permitirán conocer la relación de los implicados con la empresa de Ogando y su grado de implicación. Otra cosa es probarlo después, ya que será necesario encontrar dinero y facturas. Por ahora ni uno ni otras aparecieron, pero su ausencia puede significar un problema. A Vigo se le acusa de un delito contra la hacienda pública, presuntamente por haber usado una caja B para pagar fiestas. El de falsedad documental estaría relacionado con la presunta falsificación de recibos para una subvención. Además, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación.