La operación salpica también a funcionarios de otras Administraciones
09 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El sumario de la operación Orquesta está lleno de conversaciones de decenas de personas relacionados de algún modo con los tres alcaldes imputados y con los empresarios acusados de varios delitos. Desde funcionarios hasta conselleiros, hay de todo.
Del texto se desprende la preocupación constante de Daniel Ogando -hijo- en hacerse con obras en distintos ayuntamientos. También que Jorge López hacía gestiones para él con ese mismo fin y que hubo tanteos de la constructora en otros municipios, como O Pino y Corcubión. En este último Ogando realizó mantenimiento de jardines, gratis, durante un tiempo, con la esperanza de que le adjudicaran alguna obra, algo que finalmente no sucedió.
Son especialmente relevantes las conversaciones entre algunos arquitectos municipales y Daniel Ogando, así como con el arquitecto que trabajaba para esa empresa. Todo se amañaba antes de llegar a las mesas. En el caso de Mazaricos las llamadas intervenidas entre el empresario y el técnico son muy abundantes.
Ogando podía presentar sus ofertas fuera de plazo -en Cee- o modificarlas en medio del proceso -Mazaricos- si la obra en cuestión no resultaba ganadora.
Es más, en Mazaricos hay intervenidas conversaciones con otros empresarios para arreglar las propuestas de estos y que no hicieran competencia a las de la compañía.
Jorge López era el máximo interesado en que se adjudicaran obras a determinadas empresas. «Hay que darle obras a los amigos», dice en una determinada conversación.
Con Ogando habló largo y tendido para preparar el desembarco en Cee.
Hay también intervenciones grabadas en las que se habla de colocación a dedo de determinadas personas. López intentaría, y daría por hecha, la contratación de Juan Pereira en Cee. Daniel Ogando se dirige en otra a su pareja diciéndole que debe hacer un regalo al alcalde de Fisterra por sus gestiones para conseguirle, a ella, un empleo en el geriátrico de Vimianzo.
En algunas conversaciones telefónicas aparecen también funcionarios de otras Administraciones, como la Xunta, en las que el juzgado de Corcubión aprecia indicios de ilegalidades por avenirse a modificar peticiones de subvenciones con el fin de lograr el máximo posible pese a no estar justificado.