En la operación Orquesta hay hasta el momento once 23 personas involucradas, 11 de ellas imputadas por el juez, dos más en una investigación relacionada y el resto acusados por la policía.
De las escuchas se desprende también que los funcionarios implicados se limitaban a atender las órdenes de los regidores. Ninguno de ellos -salvo determinados arquitectos- tenía relación alguna con la empresa de Ogando ni obtenían beneficios de ningún tipo de las adjudicaciones realizadas en los ayuntamientos.
Se percibe también en las escuchas telefónicas una absoluta naturalidad a la hora de pedir enchufes a los alcaldes -y muchas veces en las respuestas de estos- y a la de hablar de condiciones de contratación de obras públicas que, en teoría, siguen un procedimiento reglado en el que se permite la libre competencia, aunque sean procedimientos negociados sin publicidad, en los que teóricamente tres empresas son llamadas a presentar ofertas, no como mero formalismo, sino para que realmente el Ayuntamiento pueda quedarse con la más ventajosa de ellas.