Manuel Dasilva es un obrero del naval vigués que vive angustiado, con un nudo en la garganta. Un juez ha ordenado el derribo de la modesta casa que comparte con su mujer, Charo, y su hija, Ainoa, en el barrio de Sampaio, por la que está pagando una hipoteca de 48.000 euros. Su delito: aprovechar un permiso de reformas para hacer obra nueva que consistió, básicamente, en sustituir unas viejas paredes de ladrillo por otras más seguras. Solo la solidaridad de trescientos vecinos agolpados ayer ante su vivienda frustró momentáneamente la actuación de la piqueta. Manuel protagoniza, sin desearlo, una metáfora del desorden urbanístico que caracteriza a la mayor ciudad de Galicia. El común de los vigueses comenta en la calle el agravio comparativo: no se acaban de ejecutar las sentencias de demolición de multitud de torres y centros comerciales (Ífer, Castrelos, Samil, A Pastora, Gran Vía, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, Canido...) y, sin embargo, se va a saco contra la casa de un paisano al que ni siquiera amnistían con una multa. La clave no está en los tribunales, sino en la recua de alcaldes que han amparado con licencias mal dadas las grandes ilegalidades de la ciudad. Manuel no tiene licencia. Precisaba un amigo en el Ayuntamiento.