Advierte que no pueden utilizarse convenios aún sin formular como instrumentos de ordenación territorial
01 sep 2009 . Actualizado a las 13:02 h.La Secretaría Xeral de Urbanismo de la Consellería de Medio Ambiente ha detectado deficiencias de «calado» en el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, que ahora el Ayuntamiento deberá corregir para continuar con la tramitación. Algunas de las objeciones planteadas afectan, además, a zonas pendientes de desarrollos importantes, como el caso del recinto portuario, de cuya urbanización depende la financiación del muelle exterior de Langosteira, la Fábrica de Armas o el espacio de las estaciones de autobuses y trenes, que condicionará la construcción de la futura intermodal.
El informe previo de la Xunta pone el acento en tres aspectos fundamentales, el primero de los cuales es la planificación de actuaciones singulares en zonas con calificación de sistemas generales y su transformación vinculada a futuros convenios aún pendientes de formalizar. En este sentido, la Administración autonómica recuerda que este planteamiento provoca una duplicidad en la clasificación no permitida por la legislación urbanística y subraya que «os convenios non poden substituír aos plans xerais como instrumentos de ordenación do territorio» y, en todo caso, las transformaciones de estos ámbitos deberán realizarse a través de la correspondiente modificación del PGOM.
De forma concreta, subraya Medio Ambiente que la estación de autobuses deberá contar con calificación dentro del sistema general de comunicaciones, y no remitir al desarrollo de un plan especial, mientras que la Fábrica de Armas ha de considerarse suelo urbano no consolidado, en vez de consolidado.
Un 26% más de población
El segundo capítulo desaprobado por el informe previo de Urbanismo se refiere a la capacidad residencial establecida en el PGOM coruñés, ya que «non se xustifica axeitadamente a demanda futura de vivendas, senón que se calcula só en función da ordenación proposta sen ter en conta previsións realistas de incremento da poboación».
En el análisis previo de la Xunta se cuestiona que en la elaboración del plan general se haya tomado como referencia el número de viviendas construidas en un período de gran auge inmobiliario, entre los años 1999 y 2007, durante el cual el número de pisos levantados en la ciudad ascendió a 21.800. La previsión establecida en el nuevo planeamiento apunta a que se ejecutarán otras 33.900 residencias, de las cuales se considera que 24.723 se incluyen dentro de la denominación de principales, porque se considera que se ocuparán. Tomando el ratio estimado por el propio plan coruñés de 2,6 habitantes por vivienda, se traduciría en un incremento poblacional de más de 64.000 habitantes.
Esto supondría que la ciudad crecería casi un 26%, aunque se desconoce en qué período, otra de las críticas al documento realizadas por la Secretaría Xeral de Urbanismo. De hecho, señala que «non se clarifica o horizonte temporal do plan», ya que se mencionan dos posibles plazos: 12 años, que es el período máximo permitido por las directrices normativas de Ordenación do Territorio, y 20 años. Por ello, el informe previo de la Xunta indica que el PGOM debe justificar el ajuste de su modelo a los principios de «utilización racional do solo e desenvolvemento sostible», por lo que la ordenación propuesta tendrá que ser «congruente» y, en consecuencia, se llegue a transformar solo aquel suelo «que sexa preciso».
El tercer aspecto de especial consideración en el Plan General que ahora cuestiona la Xunta tiene que ver con el estudio económico. El documento de Busquets «contén previsións de financiamento que implican a outras Administracións ou entidades públicas sen a previa acreditación da súa conformidade», señala la Consellería de Medio Ambiente.
A las tres grandes trabas halladas por la Xunta en el plan se suman otras deficiencias, como que el informe de sostenibilidad ambiental no tiene en cuenta el embalse de Meicende para elaborar un mapa de riesgos, al igual que sucede con la refinería y el oleoducto. Echa en falta también una cartografía clara sobre las zonas acústicas para fijar dónde se pueden llevar a cabo o no desarrollos residenciales en torno a la estación de tren, el aeropuerto, la Zapateira y Monte Alfeirán. Sobre estas dos últimas zonas, además, la Administración autonómica indica que se clasifiquen como suelo rústico algunos ámbitos, ya que están afectados, total o parcialmente, por la prohibición de edificar al estar dentro de los terrenos de servidumbre del aeropuerto. En el caso de Bens, reclama que se clasifiquen como suelo rústico de protección de costas terrenos que distan menos de 200 metros del mar y ahora incluidos en el sistema de aguas e infraestructuras.