La Justicia estrecha el cerco sobre el ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón. Además de estar imputado por la manipulación de la asamblea y por falsificar votos por correo durante la campaña electoral, un juzgado de Madrid investiga ahora si transfirió fondos del club hacia sus cuentas.
La investigación sobre el amaño de la asamblea del 7 de diciembre que lleva el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid dio ayer un giro cuando el juez Santiago Torres ordenó que una perito contable acompañada de cinco policías judiciales registraran las oficinas del Bernabéu en busca de pruebas y reclamó a Hacienda y a otros organismos documentación sobre «la posible existencia de transferencias patrimoniales desde el Real Madrid hacia los imputados».
Responsabilidades
El auto supone un salto cualitativo en cuanto a las posibles responsabilidades de Calderón y afecta también al resto de los imputados, entre ellos Vicente Boluda, el ex responsable del área de socios Luis Bárcena y los falsos compromisarios que votaron en la asamblea a favor del entonces presidente. Si hasta ahora el juez sospechaba que Calderón podría haber manipulado las cuentas para maquillar una mala gestión económica, ahora apunta directamente a que se llevó dinero. La perito Carmen Izquierdo requisó «copias de los libros de Comercio y Contabilidad» del Madrid y «todos los soportes documentales (facturas, recibos, contratos) que sirvieron para la confección de la contabilidad del ejercicio 2007-08».
Pero el magistrado ha reclamado también a Hacienda, al Consejo del Notariado, a los registros Mercantil y de la Propiedad y al Catastro todos los datos sobre los imputados. Pide todos los documentos referidos a «escrituras públicas en que hubieran intervenido dichos imputados y que tuvieran como objeto la adquisición o transmisión de inmuebles, constitución, fundación o modificación societaria, designación como administradores o apoderados de sociedades mercantiles y declaraciones impositivas como titulares de bienes inmuebles». Requiere además datos sobre «imputaciones, ingresos y pagos, tráfico y vehículos, préstamos hipotecarios de bienes inmuebles, de naturaleza rústica y urbana, relaciones y participaciones en sociedades, planes de pensiones, divisas, cuentas bancarias y activos financieros», además de «donaciones e impuesto sobre la renta y patrimonio».
El hecho de que el juez circunscriba la investigación a un período concreto comprendido entre junio del 2007 y enero del 2009 indica la presencia de indicios de que Calderón habría podido desviar fondos del Madrid hacia sus cuentas personales. Algo que, de confirmarse, elevaría considerablemente la pena de tres años de cárcel a la que podría ser condenado por la manipulación de la asamblea.