Los escándalos del ex presidente del Madrid son un ejemplo de la situación del fútbol, un polvorín a punto de convertirse en un problema de orden público
28 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.| La progresiva escalada de los escándalos de Ramón Calderón ha conducido a un último y muy relevante capítulo. Ya no se trata de una asamblea amañada, ni de una trama para conquistar la presidencia del Real Madrid. Ahora, la Justicia investiga si el ex presidente se ha llevado dinero del club.
Aunque el caso de Calderón, por tratarse del Real Madrid, adquiere relevancia en sí mismo, no deja de ser la punta de ese iceberg descomunal que es el mundo del fútbol, especialmente en España, donde un deporte maravilloso lleva camino de convertirse, si no lo ha hecho ya, en un grave problema de orden público, con los dirigentes campando a sus anchas y burlando leyes, los políticos haciendo dejación de funciones y la federación actuando como si fuera un Estado independiente que solo se somete a sus propias normas.
Recientemente, se celebró en A Coruña una reunión de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol. En ella se dieron cita un buen número de dirigentes cuyas gestiones están o han estado bajo sospecha. El propio Villar vive en el ojo del huracán judicial. Y tal vez por su propia condición de imputado muestre una actitud solidaria con aquellos que están siendo investigados por la Justicia. Este es el caso, por ejemplo, de Julio Meana, ex presidente de la Federación Gallega, imputado por irregularidades en el gasto. Quizá por la misma razón no considere relevante la imputación de Lendoiro por el caso de la falsificación de la firma de un auditor; ni le sonroje mantener contra viento y marea a Ramón Calderón, al que premió con un cargo. Hasta Astiazarán, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, fue vinculado a falsificaciones contables en la etapa en la que era presidente de la Real Sociedad.
Un informe revela que la deuda de los clubes de fútbol de Primera División alcanza los 3.500 millones de euros, es decir, cerca de 600.000 millones de pesetas. El estudio, realizado por el profesor titular de Contabilidad de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, evidencia no solo la dramática situación económica de los clubes, sino el círculo vicioso en el que se encuentran y su nula viabilidad de futuro en los parámetros actuales. La realidad es que la mayoría están en situación de disolución, pero recurren a todo tipo de tretas contables para aparentar otra cosa.
Cabe recordar aquí el caso del Celta. El informe concursal del club vigués declaró con contundencia que en la época en la que Horacio Gómez era presidente se falsearon los balances para aparentar una situación económica mejor de la real. Incluso se dijo que un millón y medio de euros había desaparecido de la caja. También hay que recordar el momento en el que los accionistas acusaron a Lendoiro de haber ocultado pérdidas de miles de millones de pesetas. No pasó nada.
La conclusión es clara, no solo se gestiona con negligencia, sino que se cometen irregularidades. No consta que ni la Justicia, ni ningún accionista, ni un particular, ni el Consejo Superior de Deportes (CSD), hayan presentado denuncia contra los gestores del Celta acusados de falsificar las cuentas. Tampoco nadie movió un dedo en el caso de las acusaciones al presidente del Deportivo.
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, suele decir que el CSD no tiene competencias para actuar sobre la gestión de las sociedades anónimas deportivas. Teóricamente, al CSD llegan todas las auditorías de los clubes profesionales. En las cuentas de esos clubes se observan flagrantes incumplimientos de las normativas contables, cuando no falsificaciones numéricas de gran calado. No puede decir el secretario de Estado que desconoce la situación y las irregularidades que se producen. La ley permite al CSD ordenar auditorías cuando lo considere oportuno. No consta que utilice este recurso, ni ningún otro. Hasta fue sonada su rendición en el conflicto que mantuvo con Ángel María Villar por la celebración de las elecciones a la presidencia federativa.