El fiscal vuelve a solicitar al juez las grabaciones del caso y alude a la «extraordinaria alarma social»
DEPORTES
La gravedad y la enorme repercusión alcanzada por el caso Hércules ha llevado a una implicación sin precedentes del Gobierno y la Justicia en el terreno deportivo para intentar resolver este nuevo caso de presunta corrupción en el fútbol. Al contrario de lo sucedido en otros supuestos amaños de partidos con grabaciones de por medio (ahí están el Levante-Athletic o el Tenerife-Málaga), esta vez, tras su inhibición inicial, las instituciones públicas han decidido agotar todas las vías de investigación.
De este modo, el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, presentó ayer un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de no trasladar a los organismos deportivos los datos relativos a la presunta compra de partidos por parte del Hércules.
El fiscal indica que, a pesar de «la falta de relevancia penal», los citados hechos pueden «generar una extraordinaria alarma social» y constituir «un fraude de graves consecuencias sociales y económicas, con posibles perjuicios para terceros, capaz de producir una quiebra en la confianza de la ciudadanía».
La Abogacía también recurre
La Abogacía del Estado, en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD), también presentó su respectivo recurso, en el que cuestiona la decisión del magistrado de no facilitar las grabaciones. Se subraya que el juez admitió que puede haber infracción administrativa muy grave, según la Ley del Deporte de 1990, pero impide que la Administración inicie un expediente por un hecho, «cuya prueba inicial parecen ser las escuchas telefónicas», al no remitirlas al CSD.
Pese a admitir la gravedad, el juez recordó que la compra de partidos no es un delito penal, aunque sí lo será desde el 22 de diciembre, con la reforma del Código Penal.
La Abogacía insiste en la necesidad de trasladar el caso, ya que «de otro modo se deja al Estado totalmente huérfano en su actuación, ya que la conducta tipificada en el Código Penal aún no está vigente»
El documento añade que «el resultado de la investigación operaría, directamente, sobre la suerte de los juegos aleatorios que en España se articulan a través de las Apuestas del Estado, en este caso, la quiniela futbolística». «Ello supone, no solamente un gran movimiento económico, sino uno de los medios de financiación de la Liga», apunta el recurso.