El juzgado acepta la petición de sobreseimiento del caso por parte de la Fiscalía
28 oct 2011 . Actualizado a las 09:35 h.Apenas tres semanas después de que la Fiscalía acordara el sobreseimiento provisional de la causa por malversación de fondos y apropiación indebida seguida contra Julio Meana y otros cuatro exdirectivos de la Federación Gallega de Fútbol, el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia de A Coruña se pronunció en el mismo sentido y decretó el archivo de las actuaciones.
La Justicia no ha encontrado indicios de delito en un caso que comenzó hace cinco años, después de que la Asociación de Clubes Galegos, en septiembre del 2006, pusiera en manos de la Dirección Xeral para o Deporte lo que entendía como facturas y recibos federativos de dudosa justificación.
Si en su día el informe de la fiscala Ana María Castro Caamaño descartaba la malversación o la apropiación indebida de dinero, el magistrado-juez Víctor Pardo Domínguez fundamenta ahora su archivo en unos argumentos similares.
«Descartada la posible malversación a que apuntaba la inicial denuncia», comienza el auto que exculpa de cometer irregularidades en desempeño de sus cargos durante el período de 1999 al 2006 a Julio Meana (expresidente de la Federación Gallega de Fútbol) y a los exdirectivos Ramón María de Llano Márquez (secretario de la federación), Benjamín Anido Vázquez (vicesecretario), Fernando José Blanco Pedre (presidente del Comité de Entrenadores) y Luis Caridad Muiño (tesorero).
Pese a que el auto llega a calificar como «cuestionable», en algunos casos, «la utilización de recursos en el seno de la federación», sobre todo en la «distribución de gratificaciones y abono de gastos», insiste en que no puede encuadrarse en ninguna figura penal, ya que considera que hubo transparencia y no se trataron de ocultar.
Los gastos, que el magistrado describe en algún caso como «dispendios», constaban en las cuentas que se aprobaron en las distintas asambleas, sin que en su momento hubiera objeción alguna.
La resolución, contra el que la fiscalía y demás partes personadas disponen de tres días para interponer un recurso, también destaca la ausencia de mecanismos que regulen la disposición de los fondos que manejaba la federación, circunstancia que no tiene encaje penal alguno.