Ninguna bolsa española tiene oficina en Bruselas, pero los accionistas de Endesa se pasan más tiempo pendientes de la actualidad en la capital belga que de la cotización de sus títulos. Ayer, la Comisión Europea abrió un nuevo capítulo en el culebrón de la opa sobre la deseada eléctrica madrileña, y advirtió a España de que las condiciones que impuso en la primavera y el verano pasados la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la propuesta de compra de la italiana Enel y la constructora española Acciona incumplen la legislación europea en materia de libre circulación de bienes, capitales y empresas.
La oferta de Enel y Acciona había dado al traste con la opa de E.On, que a su vez había apartado a Gas Natural de la carrera por hacerse con Endesa. Y en aquellos casos, y por razones parecidas, también intervino Bruselas. Dos años después de iniciado el caso, la Comisión asegura que son ilegales once de las doce restricciones que la CNE impuso a Acciona y Enel, especialmente la que le da derecho a intervenir en la empresa si considera que su gestión daña los intereses de España -Enel está participada por el Estado italiano-.
La CNE adoptó aquellas condiciones gracias a una ley aprobada en el 2006 que ampliaba sus competencias. Pero esa norma está recurrida ante el Tribunal de la UE, , y era de esperar que Bruselas se posicionase en contra de nuevos intentos de utilizarla.
«Los Estados miembros están autorizados a tomar medidas sobre fusiones de dimensión europea, pero sólo para proteger la libre competencia», señaló ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario en esa materia, el británico Jonathan Todd, quien reconoció que Bruselas sí acepta que el Gobierno obligue a los compradores de Endesa a garantizar la seguridad del suministro eléctrico en España.