El incremento de la morosidad, constatable ya en todos los balances del último trimestre presentados por los grandes bancos y cajas en España, ha motivado que las entidades financieras miren con lupa cada petición de crédito inmobiliario, pero también que las agencias de la vivienda y los particulares hayan comenzado a buscar fórmulas para evitar impagos. Un rastreo por anuncios de alquiler de casas en las principales ciudades gallegas -A Coruña y Vigo-, da como resultado que una de las condiciones que se imponen ahora es la contratación de un aval con cajas o bancos que responda en caso de impago.
La fórmula se utiliza con profusión desde hace ya varios años en ciudades como Madrid y Barcelona, donde hay un volumen enorme de contratación de viviendas. La idea se ha ido exportando en los últimos meses y ahora es ya una práctica común no solo en inmobiliarias, sino también en particulares. «Exigimos un aval de seis meses, salvo que el interesado sea funcionario», dice un propietario que ofrece una vivienda por 500 euros al mes, de dos habitaciones, en el entorno del Palacio de la Ópera, en A Coruña.
«Necesitamos un aval por un año, no es negociable, es imprescindible aunque se presente una nómina y un mes por anticipado, porque los propietarios quieren evitar problemas», apuntan en una agencia de Vigo cuando se pregunta por dos viviendas, de similares características, en el entorno de la plaza de España una, y otra cerca de la plaza de América.
El operativo
El funcionamiento de ese aval es sencillo: se solicita al banco por la cantidad acordada y la entidad suscribe, analizando la nómina y el perfil del solicitante, el documento. El dinero por el que se firma queda en un depósito y por el mantenimiento de dicha cantidad se cobra mensualmente una cantidad al arrendatario. Suele estar entre el 0,3% y el 1% del importe que se ha firmado, según las entidades consultadas.
Un caso práctico: un piso de 500 euros mensuales lleva aparejado un aval de un año; es decir, 6.000 euros. Por ello, el alquilado tendrá que pagar a la entidad entre 30 y 60 euros mensuales en concepto de comisión de mantenimiento por término medio. Al año, cuando vence el contrato de alquiler, se habrán pagado entre 360 y 720 euros.
La inclusión de ese aval quedará además registrada como una de las cláusulas en el contrato que firman las partes, y está amparado por la ley de arrendamientos urbanos, en el que se defiende que el propietario pueda contar con garantías adicionales a la fianza.
«Es una línea muy poco significativa de negocio, y no se espera un crecimiento muy espectacular en los próximos meses», argumentan fuentes del sector financiero gallego. «Es posible que suba si hay una gran demanda del alquiler», estima otro asesor. La renta de emancipación del Gobierno concede 120 euros para tramitar ese aval.