El culebrón de la posible entrada de la rusa Lukoil en el accionariado de Repsol escribió ayer un nuevo capítulo en el Congreso, donde el presidente del Gobierno y el líder de la oposición volvieron a enfrentarse por lo que entienden que debería hacer el Ejecutivo ante la situación a la que se enfrenta esta empresa estratégica. Así, mientras que Zapatero insistió -como ya había hecho el día anterior- en que el Gobierno no impedirá la entrada de Lukoil, aunque matizando que, como es su «obligación», apoyará y defenderá a la petrolera española, Rajoy lo acusó de no defender el interés general de los españoles y le advirtió que, de no evitar que las acciones de Sacyr y Criteria pasen a manos rusas, «lo acusaré de ser el responsable de un escándalo mayúsculo».
Ante el requerimiento de Mariano Rajoy sobre cuál es el criterio del presidente sobre la citada operación empresarial, Zapatero no avanzó mucho más de lo que ya lo había hecho la víspera, afirmando que el Gobierno defenderá que Repsol y sus accionistas de referencia sean españoles, aunque no intervendrá frente a Lukoil, sino que «respetará» el libre mercado.
Con un críptico «el Gobierno va a hacer las cosas bien», Zapatero agotó su turno de réplica al líder popular, tras recordarle nuevamente que, en contra de lo que Rajoy afirmó, «no hay ni petróleo ni gas español», pues las empresas lo tienen en otros países, donde «desde el primer día del Gobierno han sido defendidas».
«Fraude» a los accionistas
El líder de la oposición hizo hincapié en el «interés» que el Ejecutivo demostró hace dos años -con el crédito de 5.000 millones en el que participó el ICO- en que Sacyr adquiriera el 20% de Repsol, y le espetó a Zapatero que espera que «ahora no le echen el muerto a nadie».
Asimismo, Rajoy alertó de que, en caso de que la operación se lleve a cabo, «se habrá producido un enorme fraude en contra de los intereses de cientos de miles de pequeños accionistas, que no van a cobrar lo que cobrarán dos o tres de esos accionistas que van a tener el control completo de la operación».
El alto valor estratégico de la compañía fue el último argumento que el diputado popular esgrimió para exigir a Zapatero que use los procedimientos legales existentes para frenar la compra.