El grupo gallego San José dispone de cinco días para aportarle a los nueve bancos a los que adeuda 900 millones de euros garantías adicionales a las depositadas desde el pasado noviembre, cuando arrancó la negociación para la refinanciación de su crédito.
Liderado por los portavoces del Barclays, el pull bancario acreedor de San José remitió una carta el pasado día 5 al consejero delegado del grupo pontevedrés, Miguel Zorita, pidiéndole que el próximo lunes acuda a una nueva reunión en la que debería aceptar tres condiciones básicas para que la negociación prospere. La primera es el depósito de garantías adicionales entre las que muy probablemente tendrían que estar las acciones de la sociedad DUCH, constituida con el BBVA para la nueva urbanización del barrio madrileño de Chamartín. Es un proyecto de casi 11.000 millones de inversión para la construcción de 16.000 viviendas. Pero además, las entidades financieras exigen una capacidad de fiscalización sobre la gestión del grupo para garantizar el cumplimiento de todos los proyectos anunciados. Y también le han propuesto a San José un mecanismo similar para controlar el desarrollo del plan de negocio prestado para los próximos cinco años.
La constructora trata de refinanciar en total 1.200 millones de su deuda, que en estos momentos ronda los 1.500 millones. La mayor parte corresponde a este crédito de 900 millones suscrito con el sindicato bancario compuesto por el Barclays, Banesto, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Caixa Galicia, Caixa Geral de Depósitos, Banco Caixa Geral y Caixanova. Otros 300 millones están siendo negociados individualmente con el BBVA y con Caja Madrid.
San José solicitó en el 2006 la mayoría de estos préstamos para adquirir la inmobiliaria vallisoletana Parquesol, que en el último año se descapitalizó en Bolsa casi un 70% y pasó de estar valorada por encima de los 920 millones a cerrar ayer su cotización en poco más de 270 millones, a un valor de 6,80 euros por acción.
Al margen de estas nuevas exigencias de los bancos, San José también sigue pendiente de confirmar la ampliación de capital sugerida por sus acreedores, de al menos 20 millones de euros, para garantizar liquidez a corto plazo.
La eólica, en juego
Una de las garantías aportadas por el grupo constructor en la última reunión con los bancos fueron los 142 megavatios eólicos admitidos a trámite en el concurso convocado por la Consellería de Industria. Pero las entidades financieras creen que el problema de la eólica es doble. De un lado, el valor real de esta operación sigue pendiente de la revisión de todos los parques eólicos por parte de las consellerías de Medio Ambiente, Política Territorial, Cultura y Economía, que deberán autorizar por separado todos los parques. Pero además, si la renegociación de los créditos no prospera y la empresa suspende pagos y entra en un proceso concursal, las bases de las concesiones eólicas le obligarían a renunciar a sus megavatios, que de inmediato pasarían a manos de otra empresa suplente.
Otras garantías aportadas y que las entidades financieras no consideran suficientes guardan relación con licitaciones de obras públicas, en España y en el extranjero, que todavía no están firmadas y, por tanto, se consideran inestables.