La redacción de una nueva normativa se perfila como la opción elegida por la Xunta para la anulación del proceso
22 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno gallego ultima estos días la fórmula jurídica que utilizará para anular el reparto eólico del BNG, derogar el decreto que lo sustentó y fijar las nuevas reglas del juego. La decisión tiene en vilo a un sector estratégico para Galicia, que en los últimos cuatro años ha estado parado y ha visto cómo perdía el liderazgo en el tablero energético español.
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¿Por qué va a anular el Gobierno el concurso eólico?
El PP siempre ha defendido que el reparto efectuado por el BNG al final de la legislatura, en solitario tras el desmarque de los socialistas, fue ilegal, y en la campaña electoral prometió su derogación. Durante los primeros cien días del mandato, la Consellería de Presidencia que dirige Alfonso Rueda ha trabajado en la anulación del proceso anterior y en la elaboración de un nuevo marco jurídico para desbloquear el sector.
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¿Cuáles son las ilegalidades del decreto vigente?
Tanto el decreto eólico como la orden del conselleiro que lo desarrolló están recurridos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). También los Servicios Xurídicos de la Xunta y el Consello Consultivo apreciaron tachas de legalidad en estos dos textos. Básicamente, todos estos informes críticos coinciden en cuestionar la exigencia de que los operadores cedan gratuitamente participación pública a la Administración. Este requisito fue suavizado durante el proceso, y se quedó como algo voluntario, pero en la práctica, teniendo en cuenta el aluvión de peticiones, fue un requisito excluyente. También hay muchas dudas sobre si se puede utilizar un mecanismo de concurrencia competitiva para repartir molinos. La Comisión Nacional de la Energía ha informado de que eso no es legal, por cuanto el viento no es un bien de utilidad pública, y por tanto su explotación no puede hacerse en régimen de concesión (como una central hidroeléctrica), sino que debe de ser tratado como una autorización administrativa.
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¿Son las únicas dudas jurídicas que plantea el proceso?
No. Al margen de la normativa, durante su aplicación hubo muchas irregularidades. De acuerdo con lo que exigía el decreto, la Consellería de Industria, del BNG, convocó una mesa de valoración en la que también debía de haber representantes de las consellerías de Medio Ambiente y Urbanismo, en manos del PSOE. Pero los trabajos se organizaron de modo que estos últimos no tuvieron acceso a la documentación de los candidatos. A última hora, y tras varios aplazamientos, los representantes socialistas abandonaron la mesa al ser incapaces de garantizar la seguridad jurídica del proceso. El resultado fue que más del 43% de los nuevos parques adjudicados invaden espacios protegidos por Red Natura o están incluidos en el mapa de ampliación previsto por la Xunta.
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¿Qué consecuencias jurídicas tuvo la decisión de resolver el concurso en esas condiciones?
La reacción inmediata de los descartados en el proceso (e incluso de alguna empresa que sí recibió molinos) fue presentar más de medio centenar de recursos de reposición ante la propia Xunta, que ahora deberán de ser resueltos por el Gobierno del PP. Además, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hay al menos tres contenciosos, aunque la mayoría de las empresas aún no ha llegado a este punto, porque tienen de plazo hasta que se resuelvan los recursos de reposición.
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¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno para tumbar el concurso del BNG?
Desde un punto de vista administrativo, el reparto efectuado por la Consellería de Industria consistió en la admisión a trámite de unos anteproyectos. Posteriormente, ya después de haber perdido las elecciones, el BNG recibió los proyectos completos en la consellería, dentro del plazo exigido, e inició su tramitación. Con la llegada del PP a la Xunta, la nueva Consellería de Economía e Industria dio orden a las delegaciones provinciales de aparcar los trabajos, a la espera del nuevo escenario. Por tanto, el nuevo Gobierno puede echar atrás el concurso anulando la orden de resolución, derogando el decreto eólico (en ese caso volvería a estar en vigor el anterior, elaborado precisamente por el PP) o redactando una norma nueva. Los trabajos efectuados hasta ahora han permitido concluir que esta última es la opción más sensata, según fuentes conocedoras de estos. Y que hay argumentos «más que de sobra» para tumbar el reparto.
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¿Qué coste tendrá todo este proceso para la Xunta?
Depende de si la Administración tiene que hacer frente a los costes asumidos hasta ahora por los operadores o de si se estima que hay un lucro cesante (lo que habrían ganado las empresas si hubiera continuado el proceso) que debe de ser compensado. Juristas especializados en el sector eólico explican que, teniendo en cuenta las ilegalidades señaladas, la Xunta tendrá que abonar como mucho los costes administrativos admitidos hasta ahora. En el mismo sentido, Presidencia cuenta con un informe que cifra esa indemnización en unos 30.000 euros por proyecto, por lo que la factura total no llegaría a 2,5 millones de euros.