La nueva sociedad realizaría una gestión colectiva de riesgos y tendría su sede fuera de la comunidad gallega
18 nov 2009 . Actualizado a las 09:53 h.El director general de Caixanova, José Luis Pego, aclaró a sus trabajadores algunas claves del coste real que tendrá la solución propuesta a la Xunta, que pasa por el establecimiento de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con entidades de fuera de Galicia.
La alianza, tal y como explicó el alto ejecutivo, se realizaría mediante un contrato, previa autorización del Banco de España, o en forma de una sociedad anónima constituida por las entidades implicadas. La intención es que este SIP asegure la solvencia de las cajas asociadas y su liquidez. La nueva empresa tendría sede fuera de Galicia y se encargaría de realizar una gestión colectiva de los riesgos. Pego admitió que Caixanova estaría obligada a reducir una parte de sus servicios centrales, que en algunos casos se suprimirían, y citó expresamente algún departamento afectado, como el de contabilidad. Además, la red de oficinas de fuera de Galicia dejaría de pertenecer a Caixanova, aunque se trataría de que el personal de las mismas pueda continuar bajo la tutela de la caja mediante un contrato de prestación de servicios.
El director explicó a los representantes de la plantilla que el Sistema Institucional de Protección persigue «la continuación de los órganos de gobierno y de la capacidad para seguir tomando decisiones dentro de la propia caja».
Caixanova no aclaró en qué cuantía habría que recurrir a los préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), aunque sí precisó que estas ayudas al agrupamiento del sistema financiero tendrán una vigencia limitada y se repartirán en función de los activos ponderados de las cajas que participen en la alianza, siempre con un tope máximo.
Los directivos de la caja viguesa rechazaron de plano cualquier intento de fusión con Caixa Galicia y cimentaron su oposición en informes internos y en dos estudios encargados a consultoras externas (no revelaron el nombre, aunque ya trascendió días pasados que están firmados por Deloitte y por Analistas Financieros Internacionales).
De lo que ya no hay duda, y así lo transmitió literalmente el director general, es de que Caixanova, «tal y como la conocemos hoy, no podrá seguir existiendo», por lo que será necesario entrar en el proceso de alianzas. Pese a que se pidió mayor concreción respecto a cómo finaliza el Sistema Institucional de Protección, los responsables de Caixanova se negaron a admitir que esta alianza tenga que concluir necesariamente en una fusión formal a medio o largo plazo, aunque también evitaron hablar de una posible reversibilidad de la nueva sociedad.
Pego insistió ante los portavoces laborales en que el SIP es «la mejor solución para la plantilla». Sin embargo, los sindicatos son escépticos en su valoración. La CIG, por ejemplo, ya ha manifestado públicamente que el coste laboral de fusiones con entidades de otras regiones será, a la larga, mayor que el de una fusión entre las dos entidades gallegas. Ayer, Comisiones Obreras también se manifestó partidaria de una alianza entre Caixa Galicia y Caixanova, mientras UGT apostó por defender la «galleguidad» de las cajas.