El juez podría abrir la fase de convenio antes de la junta de accionistas, el 24 de junio
22 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los acreedores de Martinsa-Fadesa, la compañía que protagonizó en julio del 2008 la mayor suspensión de pagos de la historia de España, podrían empezar a cobrar a comienzos del 2011, más de dos años y medio después de que el juez admitiera a trámite el concurso. La deuda de la empresa alcanza los 7.000 millones de euros.
Pablo González-Carreró Fojón, el magistrado que sigue el proceso en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, tiene pendientes de resolver algo más de un centenar de los incidentes que presentaron los acreedores. En «unos dos meses», según fuentes cercanas al concurso, podría dar por finalizada la fase común. Antes incluso de que la compañía celebre su junta de accionistas, prevista para el próximo 24 de junio.
Una vez que el juez declare abierta la fase de concurso, la ley concede 90 días para presentar nuevas alegaciones. Si el convenio se aprueba en los plazos establecidos (después del verano), los acreedores podrían empezar a cobrar seis meses más tarde, según se dispone en el calendario de pagos propuesto, toda vez que la fecha para comenzar los pagos el 31 de mayo, del 2010, que inicialmente se fijó, queda ya descartada por el retraso en la resolución de las alegaciones en la fase común.
El concurso de acreedores se encuentra casi al final de la fase común, a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre los últimos de los 686 incidentes -unos 900, si se suman los presentados en los concursos de las filiales-. La mayoría de las alegaciones ya se resolvieron, 92 fueron desestimadas y algo más de un centenar están pendientes de resolución.
Fuentes cercanas al proceso señalan que este se ha ido alargando en el tiempo más de lo esperado tanto por la complejidad de un proceso en el que están afectados 5.979 acreedores y las numerosas alegaciones presentadas como por las exigencias de la ley.
Los expertos se quejan de que la norma falla a la hora de depurar el convenio. Cualquiera de los acreedores en desacuerdo con la cuantía o el privilegio que se fija puede impugnar. Y cada impugnación se tramita como un juicio.
Medio millar de juicios
El juez González-Carreró ha tenido que realizar un enorme esfuerzo para tramitar más de medio millar de juicios solo en lo que se refiere a las alegaciones al convenio desde enero del año pasado. Estas alegaciones podrían variar «un poco» la cuantía de las deudas reconocidas o modificar los privilegios de cobro. «La cantidad de incidentes es un cuello de botella», reconoció a La Voz Antonia Magdaleno, una de los tres administradores concursales.
La propuesta de convenio, que se presentó a finales del 2008, es un informe obligatorio para toda entidad concursada que pretende, en su propuesta, superar los límites establecidos por la ley para la proposiciones de quita y espera, esto es, el 50% de los créditos ordinarios y cinco años de plazo de espera.
El convenio de Martinsa-Fadesa tiene un plazo de ocho años. Para que el juez diera el visto bueno al convenio, la compañía debió acompañar su propuesta con la adhesión de acreedores cuyos créditos superaran la quinta parte del pasivo presentado por el deudor, según establece la ley. Caja Madrid y La Caixa, dos de los principales acreedores bancarios de la compañía y que sumaban el 28% de la deuda, apoyaron la propuesta.
El Banco Popular y Ahorro Corporación -el grupo de servicios financieros de las cajas de ahorros- se sumaron a mediados del 2009 al convenio, que desde entonces cuenta con el respaldo de más del 50% (casi el 55%) de la deuda con derecho a voto necesario para aprobar el convenio. Ahora, una vez que el juez declare abierta la segunda fase, si las entidades financieras confirman su adhesión será suficiente para levantar el concurso.
Pero si el convenio no obtiene los apoyos necesarios, podría presentarse uno nuevo (lo que retrasaría los plazos) o se iría hacia la liquidación, dos posibilidades que parecen casi descartadas.