Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola recurren la nueva norma y solicitan su suspensión cautelar
ECONOMÍA
Las compañías eléctricas españolas han decidido recurrir a la vía judicial para intentar frenar la aplicación del decreto que prima el consumo de carbón nacional para la generación de electricidad. Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola solicitaron ayer al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la aplicación de la norma, por cuanto consideran que expulsará del mercado a las centrales, como las dos gallegas de As Pontes y Meirama, que solo usan mineral de importación para producir, y también a las de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible.
En sus recursos contecioso-administrativos presentados ante el alto tribunal, las empresas argumentan que el Ejecutivo central no ha cumplido algunos trámites legales preceptivos, como el dictamen definitivo del Consejo de Estado, lo que «vicia de nulidad» la norma. También reclaman que se suspenda la obligación de remitir a la Comisión Nacional de la Energía una carta con el compromiso de compra del carbón nacional. El organismo que preside María Teresa Costa es el encargado de determinar los plazos, precios y volúmenes de carbón que se irá consumiendo para dar cumplimiento al decreto, que ha establecido diez centrales para consumir el mineral acumulado.
Endesa alega en su recurso que la norma causaría gravísimos perjuicios a la competencia en el mercado eléctrico y afectaría a la formación de precios, a los incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes.
Según las fuentes jurídicas consultadas, Endesa ha presentado junto al recurso un dictamen pericial que acredita que sus centrales tienen almacenado carbón nacional para más de trescientos días de funcionamiento en la zona de León y para ochocientos días en la de Teruel.
También la Xunta presentará hoy sus recursos contra el decreto en el Supremo y en el Tribunal de Luxemburgo. El director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró ayer que el Gobierno gallego solicitará la suspensión cautelar del decreto. La Xunta entiende que desvirtúa el mercado eléctrico y requerirá de un gasto de 1.600 millones de euros durante los próximos cuatro años, en una apuesta por una tecnología más contaminante.
Tahoces se mostró contrario a que se plantee una cuota mínima de funcionamiento de las centrales térmicas gallegas. «Queremos que funcionen con absoluta normalidad», dijo.
Reacción de Feijoo
El presidente de la Xunta arremetió ayer contra el Gobierno de Zapatero por adoptar con el decreto del carbón una «decisión sectaria» que va «en contra dos intereses xerais» de todos los españoles. Feijoo, que enumeró otras decisiones lesivas para lamentar que «chove sobre mollado» en cuanto al comportamiento del Ejecutivo central con esta comunidad, se mostró tajante sobre las consecuencias que tendrá el decreto para las miles de familias que viven de la actividad de las centrales de As Pontes y Meirama. «Isto non é unha reconversión, é un desmantelamento das nosas centrais térmicas», arguyó.?Feijoo rebatió las objeciones formuladas desde el PSdeG, que acusa al Ejecutivo autónomo de no haber presentado alegaciones a un decreto que inició su tramitación en el Congreso hace más de un año. Además de defender la labor de la Xunta durante esa tramitación, aseguró que el conselleiro de Economía e Industria intenta sin éxito ponerse en contacto con el Ministerio de Industria.