Galicia tendría recibos más caros por tener implantado el canon eólico
30 may 2011 . Actualizado a las 12:05 h.El Ministerio de Industria está preparando un cambio profundo en el sector eléctrico, aprovechando la adaptación normativa a la legislación comunitaria que impone la Comisión Europea. Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un borrador de la trasposición de la directiva eléctrica comunitaria en el que, entre otras variaciones, se abre una puerta a la posibilidad de hacer recibos de la luz diferentes por comunidades autónomas e incluso por municipios.
Sería la primera vez que los precios rompiesen la igualdad para todos los clientes domésticos incluidos en la tarifa de último recurso (TUR), de la que disfrutan más de 22 millones de clientes con potencias contratadas inferiores a los diez kilovatios y que no han dado el salto al mercado libre.
La idea es cargar sobre los peajes de acceso, que suponen casi la mitad del precio final de los recibos, un suplemento capaz de cubrir los sobrecostes de las empresas por el pago de gravámenes municipales o autonómicos sobre las actividades eléctricas o sobre cualquier tipo de instalaciones. En este supuesto estarían incluidos los parques eólicos, sobre los que Galicia está cobrando el denominado canon eólico, que lleva recaudados más de 25 millones de euros desde su implantación.
Junto a Galicia, las comunidades que tienen aprobados o planteados tributos similares son Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, es decir las de mayor presencia de industrias eólicas.
Cambios en el bono social
Otra de las polémicas abiertas con el borrador de la transposición a la directiva eléctrica comunitaria está en el futuro del bono social, al que están acogidos 2,96 millones de hogares con todos los miembros en paro, los que tienen menos de tres kilovatios de potencia contratados, las familias numerosas y los jubilados que cobran pensiones mínimas.
El nuevo proyecto de ley prevé convertir el bono social en otra fórmula y crear una nueva figura de usuario: el denominado consumidor vulnerable. En líneas generales, la intención es ligar el futuro bono al nivel de rentas percibidas, lo que implicaría que algunos de los colectivos actualmente beneficiados dejen de estarlo.
A cambio, el Ministerio de Industria sostiene que serán más los usuarios con derecho a estas minoraciones en los precios de la electricidad y que, además, estas se extenderán a los clientes del gas natural.
En la actualidad, el bono social tiene congelado el precio de los recibos hasta el año 2013, lo que se traduce en una rebaja real cifrada por encima del 20%.
El departamento que dirige Miguel Sebastián ha aclarado que los futuros clientes vulnerables «serán aquellos que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen» mediante un reglamento que desarrollará la nueva ley. Hasta entonces, tendrán la catalogación de «vulnerables» todos los consumidores que en la actualidad tienen derecho al bono social.
La directiva de Bruselas limita la política social de la luz (en vigor en España desde julio del 2009) a los consumidores con recursos escasos o a aquellos hogares que se queden temporalmente sin empresa suministradora.