l mismo Gobierno y el mismo Banco de España que se columpiaron con una gigantesca burbuja inmobiliaria hasta mediados del año pasado, mientras sostenían que podíamos presumir en el mundo con nuestro sistema financiero, se emplearon después a fondo con dos leyes urgentes (Ley 11/2010 y Ley 2/2011) que demostraron todo lo contrario. Que la mayoría de las cajas de ahorros habían incurrido en un crecimiento temerario al rebufo de una tóxica exposición al ladrillo. Que debían proceder a un duro ajuste y reforzar su solvencia.
En una primera fase los fondos públicos (FROB) se vincularon a una bancarización voluntaria (SIP) de las cajas; pocos meses después ya se obligaría a ser un banco. Así Novacaixagalicia nació como una caja fusionada y supervisada que recibió más de mil millones del FROB en el 2010, pero -nada más comenzar el 2011- el Gobierno y el Banco de España la obligarían a ser un banco y contar con dos mil quinientos millones más. O bien con «solo» mil quinientos millones más si demostraba ser capaz de colocar al menos el 20 % de su capital (con emisión de acciones) a terceros. Como se ve, estamos ante la obligada privatización de entidades que tenían, hasta entonces, un pleno carácter social. Provocando de paso un reforzado colapso del crédito a familias y empresas.
No merece la pena detenerse aquí en las gigantescas dificultades que los SIP (el Bankia de Caja Madrid entre otros) van a encontrar para colocar sus acciones en unos mercados de los que Telefónica o el Santander están saliendo escaldados. Pero ahí estaríamos si hubiésemos seguido los deseos de los mismos que nos metieron en todo esto. Creo que colocar hoy quinientos millones de acciones del Banco de NCG, sin malvender a precio de saldo, no es realista. Es como poner en estos tiempos a la venta un piso y que se sepa que necesitamos el dinero en seis meses. Por eso se habla ya de descuentos por encima del 50 %.
Hemos llegado a una situación (responsabilidad de gestores y de autoridades económicas) en la que los fondos públicos que unos y otros han hecho necesarios (ya recibidos o por recibir) superarán de largo el valor en Bolsa del Banco de NCG (digamos que mil quinientos millones). En esas circunstancias no es creíble que un grupo privado invierta quinientos millones si no es por una ganga. Y es para estar indignados que el FROB obligue y preste el dinero de todos (y el Gobierno reduzca la cifra necesaria en mil millones) solo si una entidad de interés social deja de serlo, cuanto antes mejor, a precio de saldo.
Aunque quinientos millones en acciones no llegan al 1 % del PIB gallego. Un volumen de deuda -de empresas públicas no consolidadas- que la Xunta (como propuse ya en febrero) puede asumir de un fondo de capital riesgo. Para adquirir acciones ahora, o bien para hacerlo cuando el FROB proceda a su progresiva desinversión.
Eso sí, ya mismo nómbrense los mejores profesionales (de los que tanto se habla estos días) como consejeros independientes de NCG Banco. Buena falta harán.
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