La directiva prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión, tal y como ocurrió en 1996 cuando el departamento que encabezaba Jaime Mayor Oreja repatrió a Mali a inmigrantes narcotizados. No obstante, el texto deja un resquicio legal: «El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», señala el borrador, que apunta que sólo un médico del Cuerpo Nacional de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, «podrá, después de realizar un diagnóstico, administrar medicamentos a los repatriados».
Los equipos de expulsión tendrán en su poder antes del vuelo todos los historiales de los repatriados «que presenten particularidades médicas o que necesiten recibir tratamiento médico». El jefe del grupo podrá, a la vista de estos informes, negarse a embarcar a un inmigrante con un cuadro médico complicado.
La nueva normativa también establece el número mínimo de agentes de escolta: un funcionario por cada inmigrante repatriado.