El anuncio del Gobierno central de que invertirá en Cataluña 826 millones de euros más de lo previsto para infraestructuras ha causado un efecto dominó en seis comunidades autónomas -cinco de ellas no gobernadas por el PSOE- que reclaman más dinero y un trato presupuestario similar al modelo económico prediseñado en el Estatut. Cataluña recibirá el próximo año 4.021 millones de euros, en lugar de los 3.195 que se habían presupuestado, lo que supone un incremento de última hora del 24% que ha sorprendido al resto de comunidades.
El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, presentó ayer un cálculo de lo que destinará el Gobierno central a Cataluña en infraestructuras y que supondrá una inversión de 30.815 millones de euros de aquí hasta el año 2013, fruto del acuerdo con Economía.
Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Murcia exigen más inversión presupuestaria en sus comunidades, aprovechando el superávit del PIB del que en los últimos días ha presumido Zapatero.
La consejera madrileña de Hacienda, Engracia Hidalgo, afirmó ayer que la Comunidad ha sido «discriminada». En su opinión, el hecho de que Castells sea el único consejero que se ha reunido con Solbes para tratar la inversión en Cataluña supone «un trato diferencial para el resto de consejeros» que «también conocen perfectamente cuáles son las necesidades de inversión» de sus respectivas autonomías. En su opinión, con esta «negociación bilateral» se ha «quebrado la multilateralidad y la solidaridad» porque «esta forma de negociar ya es un privilegio para otra comunidad».
«Intereses políticos»
El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, pidió ayer para esa comunidad un «trato similar» al de Cataluña. Villanueva manifestó que «llama la atención» esa «especial sensibilidad» del Gobierno central hacia determinadas regiones, por «intereses estrictamente políticos y electorales del PSOE».
En su opinión, es «un mal ejemplo para el resto del país», ya que los Presupuestos del Estado deben estar orientados «también hacia otros territorios», al tiempo que aludió a que un «Gobierno serio, de un país serio como España, debe dar a todos los ciudadanos y a todas las administraciones públicas».
La Generalitat Valenciana reclamará al Gobierno 2.800 millones más de inversión estatal en los próximos siete años, de acuerdo con el índice poblacional de esta autonomía, con el objetivo de recibir el mismo trato que, a su juicio, reciben comunidades como Cataluña y Andalucía. El también consejero de Economía, Hacienda y Empleo afirmó no estar de acuerdo con la forma de hacer las cosas porque, en su opinión, la inversión debe venir determinada por los Presupuestos Generales y no por otras normativas.
Un agravio «consagrado»
Consideró que con esta decisión el Gobierno central ha «consagrado un agravio para el conjunto del territorio español». El consejero aragonés de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, pidió ayer al Gobierno una mayor inversión para Aragón en los Presupuestos Generales del Estado del 2008.
Asimismo, el presidente del grupo de Coalición Canaria en el Parlamento regional, José Miguel González, advirtió que puede presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos del Estado si no se respeta el Régimen Económico y Fiscal (REF) sobre la inversión estatal en las islas.
Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, remitió ayer una carta a Solbes, en la que le pide que impida «que los nuevos estatutos de autonomía condicionen la financiación territorial», y que no se firmen acuerdos que «favorecen a unas comunidades en detrimento de otras».