La familia de José Couso, el cámara de televisión que perdió la vida en el 2003 al ser alcanzado por el disparo de un tanque de EE. UU. en Irak, contempló ayer cómo la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía el archivo de la causa abierta contra los tres militares estadounidenses que tripulaban el carro de combate.
El fiscal Jesús Alonso ha tomado esa decisión a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de finales del 2006, en la que ordenaba a la Audiencia investigar la muerte del periodista gallego en Bagdad. Alonso sostuvo, según fuentes fiscales, que las acciones del sargento Thomas Gibson y sus superiores, el coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fueron indiscriminadas ni hubo intencionalidad en su conducta.
Las mismas fuentes señalan que el fiscal consideró que «no se dan» delitos de asesinato con alevosía ni contra la comunidad internacional. El ministerio público argumentó así el recurso de apelación que presentó contra la decisión del juez Santiago Pedraz tomada hace casi un año de procesar por asesinato a los militares estadounidenses.
Los abogados de la familia Couso criticaron la decisión de la Fiscalía, ya que supone «ignorar la sentencia del Tribunal Supremo». El letrado Enrique de Santiago recordó que el tanque «llevaba 50 minutos sin ser atacado», y que los tripulantes tenían absoluto conocimiento de que disparaban a un lugar protegido internacionalmente por haber periodistas. En consecuencia, sostiene que «los hechos son más que suficientes para continuar la investigación».
El hermano de José Couso, Javier, apuntó que la Fiscalía tiene «motivos espurios» para intentar archivar la causa. El de ayer no es el primer desencuentro entre la Fiscalía y la familia Couso. El 7 de diciembre del 2006, Javier subrayó que la sentencia del Tribunal Supremo dejaba en evidencia la actuación del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que «negaba la posibilidad de que los militares fuesen procesados en España».
Javier Couso contaba entonces con la «promesa» de Pumpido de que si el Tribunal Supremo decidía que la Justicia española era competente, «cambiaría la postura de la Fiscalía» y respaldaría el procesamiento de los militares, algo que, a tenor de los hechos, no ha sucedido.
Fuentes jurídicas señalaron que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que examina el recurso del ministerio público para archivar la causa contra los uniformados, tomará una decisión en un plazo aproximado de una semana.