Desde el juicio de Núremberg en 1946, España será el primer país en investigar por crímenes contra la humanidad y genocidio a los colaboradores más estrechos de Hitler, miembros del partido Nazi. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó ayer admitir a trámite la querella de varios supervivientes españoles del Holocausto y familiares suyos contra cuatro destacados miembros del batallón de la Calavera (Totemkopf-Sturmbann) de las temidas SS, que custodiaron tres campos de concentración en los que fueron exterminados al menos 4.300 españoles.
El magistrado Moreno entiende que la demanda por el asesinato masivo de españoles en los campos de Mauthausen (Austria) y Sachsenhausen y Flossenbürg (Alemania) entre 1942 y 1945 es «sin género de dudas» un delito calificable jurídicamente de genocidio, según la legislación internacional y, por tanto, cabe en las competencias de los tribunales españoles, pues está reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En su auto, el instructor recuerda que cualquier polémica sobre la jurisdicción de la Justicia española para entender de los delitos de lesa humanidad quedó zanjada después de que el Tribunal Supremo y el Constitucional, en el 2003 y en el 2005, establecieran (sentencias sobre el genocidio maya en Guatemala) que España puede actuar siempre que se demuestre que hay víctimas nacionales (interés directo en la causa) y que los supuestos responsables de los delitos no han sido enjuiciados.
Documentación suficiente
Ismael Moreno sostiene que ambas condiciones se cumplen en la querella presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 19 de junio por un superviviente de Mauthausen, David Moyano, y tres familiares directos de otros republicanos torturados por los nazis. Afirma que la documentación presentada es suficiente para acreditar que hubo españoles entre las víctimas de las SS. Entre esa documentación figura el libro de la muerte o Totembuch de Mauthausen, que incluye no menos de 400 nombres y filiaciones de españoles asesinados.
Considera que tampoco hay dudas de que los cuatro nazis acusados (Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf e Iwan Demjanjuk) nunca han pagado por sus crímenes, por lo que no se vulneraría el principio de cosa juzgada. La Audiencia Nacional certifica que «hay indicios serios y razonables de inactividad judicial» en esta causa. La demanda revela que los ex vigilantes nazis huyeron de Alemania tras la caída del Tercer Reich y se refugiaron en EE.?UU., donde escondieron su pasado hitleriano. Allí vivieron en absoluta tranquilidad hasta que en los años ochenta y noventa los cazanazis descubrieron su origen y fueron desposeídos de la nacionalidad norteamericana. Desde entonces, jamás habían sido reclamados por la Justicia.