El juez Baltasar Garzón busca elementos que le permitan imputar un delito de genocidio al franquismo. Responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que ese es el objetivo de la amplia investigación que puso en marcha el lunes. Pretende recabar toda la información necesaria para construir la única imputación que le permitiría enjuiciar a la dictadura del general Francisco Franco, no tanto para enjuiciar a sus promotores, la mayoría ya fallecidos, sino para encauzar todo el proceso de recuperación de cadáveres y resolver si el Estado debe asumir alguna responsabilidad por lo sucedido en aquella etapa histórica y resarcir a los damnificados.
La intervención de la Audiencia Nacional solo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista. El magistrado ya lo hizo en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad, y es que solo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.