En menos de cinco meses, Zapatero ha llevado a cabo un giro radical en su política de inmigración, cuyo último episodio han sido las declaraciones de Corbacho
08 sep 2008 . Actualizado a las 02:00 h.«La inmigración está creando una realidad que nos hace estar a todos más inseguros». Esta frase del aún alcalde de Hospitalet en febrero del 2007 reflejaba perfectamente que Celestino Corbacho es un duro. Su nombramiento como ministro de Trabajo e Inmigración por Zapatero hacía presagiar un cambio en la política inmigratoria del Gobierno que había personificado su antecesor, Jesús Caldera, que el PP resumió en un eslogan de éxito, el «papeles para todos» con el que fustigó a los socialistas durante la pasada legislatura.
Inmediatamente después de ser nombrado, Corbacho daba indicios claros de por dónde iba a ir: «El fenómeno de la inmigración no puede funcionar nunca con las normas del último que se empadrone». Un discurso de ministro de ley y orden, que ha mantenido desde que fue designado en abril, y conecta con algunos planteamientos que había hecho Mariano Rajoy durante la campaña electoral, por los que los socialistas lo habían tildado de xenófobo y descalificado por convertir a los inmigrantes en un problema y en presuntos delincuentes. Las declaraciones y anuncios de Corbacho quedan muy lejos de las apelaciones a la solidaridad que hacía el conciliador Caldera para justificar su política de manga ancha, que permitió la regularización de casi 600.000 inmigrantes..
Lo que no se esperaba es que el cambio fuera tan radical -de la comprensión a la mano dura-en tan poco tiempo, en línea con las políticas impuestas en la UE por los Gobiernos de centroderecha y en buena medida explicable por una crisis que ha disparado el paro. Pero este endurecimiento no se entiende sin valorar el factor demoscópico-electoral, la cada vez más constatable preocupación de los ciudadanos por el desempleo, la inmigración y la inseguridad.
El último capítulo del giro copernicano del Gobierno ha sido una breve declaración de Corbacho el miércoles pasado en la que anunciaba que la contratación de inmigrantes en origen «se aproximará a cero». Si en el 2007 ligaba la inmigración con la inseguridad, ahora insinuaba que los extranjeros provocan paro entre los nacionales.
El rechazo a este cerrojazo fue tan generalizado y contundente que la vicepresidenta, actuando como poli bueno , se vio obligada el viernes a rectificar en público a su ministro, el poli malo , que también reculó. El reproche que le hizo Fernández de la Vega poco antes en privado, en la Comisión Delegada de Inmigración - «no hay que decir esa frase»-, parece indicar que la rectificación es más de forma que de fondo, porque las contrataciones en origen se reducirán por la vía de los hechos sin necesidad de proclamarlo.
Política amortizada
Por si quedaban dudas sobre el alcance del cambio en inmigración, Corbacho asegura en el último número de la revista Trámite parlamentario que «la política de Caldera ya está amortizada» y llega la hora del realismo.
Pero el ministro ya había dado claras muestras de sus nuevas recetas para tiempos de crisis. Su plan de retorno para los inmigrantes en paro, consistente en permitirles cobrar el desempleo en dos plazos a cambio de renunciar a sus permisos de trabajo y residencia, era una clara señal. Pero más sintomático fue al anunciar en junio un endurecimiento del reagrupamiento familiar, que excluiría a los ascendientes, es decir a padres y suegros. Por esta vía, que tendrá que ser refrendada en la prevista reforma de la Ley de Extranjería, se reduciría la entrada de personas mayores que no cotizan, pero son grandes usuarios de la sanidad. El mensaje de que el Estado de Bienestar no puede sostener ya la llegada masiva de inmigrantes era evidente.
La aprobación de la llamada «directiva de la vergüenza» por el Parlamento Europeo fue esclarecedora. Los socialistas españoles rompían la unidad de voto de sus correligionarios europeos y respaldaban en su mayoría un texto que daba luz verde al internamiento de los sin papeles hasta 18 meses y la expulsión de menores a terceros países. Días después, Zapatero la defendía en el Congreso como un «avance importantísimo» y señalaba que no tendría efectos legales en España, donde el período de detención se ampliará de 40 a 60 días.