El tercer borrador de la sentencia sobre la legalidad de la norma quedó sobre la mesa estas vacaciones
17 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los continuos retrasos del Tribunal Constitucional a la hora de dictar la sentencia que resolverá el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña tienen como efecto colateral que se eternice la situación de provisionalidad en que vive y trabaja el pleno de esta órgano de justicia.
Un tercio de los miembros del tribunal, entre ellos la propia presidenta del máximo intérprete de la Carta Magna, llevan desde diciembre del 2007 a la espera de la renovación, tras haber agotado su mandato de nueve años, y todo apunta a que pueden alcanzar el segundo aniversario de interinidad sin que PP y PSOE hayan llegado a acuerdo alguno para impulsar su sustitución por el pleno del Senado, según las fuentes políticas consultadas.
El motivo oficial de la no renovación de los puestos es el desencuentro existente entre los dos grandes partidos desde septiembre del 2008 a la hora de pactar el nombre de los cuatro nuevos magistrados que deben elegir, pero es un secreto a voces que la verdadera razón de la parálisis es que ninguno quiere variar la actual composición de la sala que delibera desde hace año y medio sobre el Estatut.
En el caso del PSOE, ante el riesgo cierto de que el nuevo tribunal tuviese que retomar el debate del recurso casi desde el principio y en el caso del PP, porque los cambios romperían el actual empate entre magistrados progresistas y conservadores en favor de los primeros.
Los diez magistrados que componen la sala que debate el recurso se marcharon de vacaciones en los últimos días de julio con el tercer borrador de sentencia sobre la mesa, con numerosos puntos de importancia aún sin acordar, con francos desacuerdos en otros y sin estimación alguna sobre el tiempo que todavía necesitarán para cerrar una resolución final con un apoyo suficiente. Lo único cierto es que retomarán el debate en los primeros días de septiembre.
«Complejidad extraordinaria»
Ayer en una entrevista en un medio catalán, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carles Cruz, negó que el retraso de la sentencia -de la que subrayó su «complejidad extraordinaria»- obedeciese a motivos políticos y lo explicó por la «sobrecarga» de trabajo del Constitucional. Igualmente, apuntó, se evidencia la necesidad de abordar una reforma que posibilite que al TC lleguen cuestiones importantes, para que puedan ser resueltas en un plazo «razonable».
Si la sentencia sobre el Estatuto catalán es el punto determinante para que los dos grandes partidos se planteen abordar la sustitución de los magistrados del Constitucional, el inicio de la negociación se puede ver también dificultado por las pésimas relaciones que viven ambos partidos, al borde de la ruptura institucional e inmersos en acusaciones de espionaje ilegal y técnicas de eliminación del contrario por el caso Gürtel.
Pero lo cierto es que si el tribunal supera el mes de octubre sin haber sido renovado (algo probable) batirá el triste récord de interinidad institucional en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, también debido a la lucha partidista entre PP y PSOE, estuvo un año y diez meses en situación de provisionalidad y a la espera de renovación.
La presidenta del tribunal, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez; y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde deberían haber dejado sus puestos el 17 de diciembre del 2007. La situación se agravó en mayo del 2008, cuando se produjo una quinta vacante en la corte por el fallecimiento de Roberto García-Calvo, que amplió la situación de interinidad a casi la mitad del pleno, compuesto por doce magistrados. El quinto nombramiento debe hacerlo el Congreso, pero no se hará efectivo hasta que exista consenso para realizar los del Senado.