Ha encargado un «estudio a fondo» de las imputaciones contra los populares durante los tres últimos años
27 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Después de haber acaparado los principales espacios informativos durante el mes de agosto con sus denuncias de supuestas escuchas ilegales a dirigentes del partido, y tras constatar el martes que ningún otro grupo parlamentario lo acompaña en esta campaña, el PP ha dado un paso atrás en sus acusaciones. Ya no habla de pruebas, sino de simples «convicciones». Así lo declaró ayer a La Voz el presidente popular, Mariano Rajoy, en el marco de una entrevista que este periódico publicará el fin de semana. «En el PP, mucha gente tiene la convicción de que no se está jugando limpio», es lo más lejos que llega el líder popular al ser preguntado sobre pruebas concretas de sus denuncias.
Y en lugar de escuchas, Rajoy prefiere hablar de «discriminación» hacia su partido. «La actuación de los responsables políticos de la Fiscalía y de la policía, eso lo tengo clarísimo, y así lo afirmo porque es verdad, es muy distinta según se trate del Partido Popular o del Partido Socialista», manifestó Rajoy a este periódico. Y culpó de ello directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Como prueba, menciona 53 acusaciones de la Fiscalía contra miembros del PP, de las que, según Rajoy, 51 han sido archivadas y las otras dos están aún por ver. Y cita como ejemplos los casos del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria.
En opinión del líder popular, estos datos son suficientes para que el fiscal general compareciera en el Congreso, lo que ha sido rechazado en cuatro ocasiones por los socialistas. «En democracia, es obligación de los cargos públicos dar explicaciones cuando la oposición lo demanda», argumenta.
Y para tratar de apuntalar su carga contra la Fiscalía por la supuesta discriminación hacia el PP, Rajoy anuncia que «haremos en septiembre un estudio muy a fondo de los casos que se han dado en España en los tres últimos años». Con este informe, del que se hará cargo la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, pretenden demostrar que la mayoría de las acusaciones de la Fiscalía contra militantes populares han acabado archivadas por los tribunales.
En cambio, agrega el presidente del PP, el fiscal no ha adoptado iniciativa alguna en casos sonados que atañen a dirigentes socialistas. Y cita como ejemplo que no haya acusado al vicepresidente Manuel Chaves por una subvención de 10 millones de euros a una empresa de la que su hija es apoderada. Un caso que está en el Supremo tras una denuncia del PP. También critica la inacción de Conde-Pumpido ante las denuncias de los viajes a países exóticos supuestamente pagados con dinero público que habría efectuado el recientemente cesado director del CNI, Alberto Saiz.
En la conspiración de que se sienten víctimas, Rajoy otorga un papel preferente a la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, por «haber dado instrucciones» desde Sudamérica al fiscal del Estado para que recurriera el archivo de las diligencias contra Francisco Camps. «Eso no se debe hacer -afirma Rajoy-, y por lo menos se debe explicar al Parlamento». En su opinión, se trata de un asunto grave, ya que «es un problema de calidad de la democracia». Es por ello que, a pesar de que la Diputación Permanente rechazó la comparecencia de la vicepresidenta en el Congreso para dar explicaciones, «yo volveré a insistir», dice Rajoy, y «por lo menos a la vicepresidenta le vamos a preguntar» sobre el tema en la primera sesión parlamentaria, prevista para el próximo día 9. Lo que deja la puerta abierta a que, en caso de que no consiga sus objetivos, el líder popular eleve el tiro y se dirija directamente al presidente del Gobierno.
El tercer objetivo es el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el PP exige explicaciones por la conducción al juzgado, esposados, de los detenidos en Baleares por el caso del Palma Arena.