Francisco Caamaño reunió ayer en Santiago a los portavoces parlamentarios en la Comisión de Justicia, que la próxima semana comenzará a debatir el proyecto de ley
07 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Dicen los juristas que si la Constitución es el catálogo de los derechos fundamentales, el Código Penal es su cara B, porque compendia las conductas que atentan contra esos bienes jurídicos protegidos en la Constitución. La Carta Magna española de 1978 sigue intacta y nadie parece tener prisa por reformarla, a pesar de que, según la mayoría de los expertos, necesita algún que otro retoque. No se puede decir lo mismo del Código Penal. El de la democracia data del año 1995 y desde entonces ha sufrido tantos remiendos que hace tiempo que resulta irreconocible.
Los juristas se quejan de que existe la costumbre de reformarlo al hilo de la presión mediática. Cada vez que ocurren determinados sucesos criminales, inmediatamente surgen voces que reclaman un endurecimiento de las penas para los delincuentes. Lo habitual es que la oposición se sume al coro y con frecuencia el Gobierno de turno, temeroso de perder votos, cede y le da una nueva vuelta de tuerca al sufrido Código Penal.
Todas las reformas llevadas a cabo hasta la fecha han sido para endurecer las penas. «Tenemos el código más represivo de toda la Unión Europea y todavía nos parece poco», constata un veterano magistrado del Tribunal Supremo. Como prueba de tal aseveración aporta un dato: la ratio de población penitenciaria de este país es una de las más altas de Europa, posiblemente solo superada por Turquía e Inglaterra.
Después de tanto remendar el Código de 1995, el Gobierno, ya en la pasada legislatura, se planteó llevar al Congreso uno nuevo, pero el talante del ministro Bermejo, como era previsible, le impidió alcanzar el consenso necesario para sacar adelante una ley de ese calibre.
Francisco Caamaño, su sucesor, está empeñado en hacerlo realidad y va camino de conseguirlo. Para ello ha reunido en Santiago a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia y logró arrancarles un compromiso de silencio que favorezca el clima de consenso.
Diez nuevos delitos
El proyecto incluye diez nuevos delitos, entre los que cabe destacar el de cohecho entre particulares, el acoso laboral, el acoso inmobiliario, los sobornos y fraude en el deporte, los ataques informáticos, el tráfico ilegal de órganos y el de piratería, que se desreguló en el Código del 95. Recoge nuevas consecuencias jurídicas del delito: penas como la privación de la patria potestad y localización permanente. Otra de las novedades es la libertad vigilada.
También modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la prescripción de los delitos, la ley de extranjería, la trata de seres humanos, con una regulación independiente de la inmigración clandestina, y se endurecen las penas para los delitos sexuales contra menores de 13 años.
Propone asimismo una nueva tipificación de las organizaciones delictivas, incorporando los grupos criminales de carácter transitorio, y modifica la penalización del tráfico de drogas, otorgando más facultades al juez para individualizar las penas.
La reunión de ayer en Santiago de Caamaño con los portavoces de Justicia tenía como objetivo prioritario encauzar el debate de proyecto en comisión a partir del próximo martes. Una de las claves para sacar adelante el nuevo código es el apoyo del Partido Popular, que inicialmente tenía previsto plantear una decena de enmiendas, encaminadas todas ellas al incremento de las penas.
Las fuentes consultadas apuntan que la aproximación al PP para consensuar el Código Penal es factible, pero no se puede decir lo mismo de otras reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es muy improbable que salga adelante en esta legislatura.